Comunidades mayas, mega granjas y Semarnat: mucha expectativa y poca realidad

El organismo se reunió en Ixil con representantes de pueblos mayas, en un encuentro donde las comunidades hicieron hincapié en las problemáticas socioambientales que las afectan. Semarnat hará un nuevo censo de factorías. ¿Qué dijeron las y los funcionarios respecto de la contaminación y el despojo?

Avance de las mafias inmobiliarias, deforestación, contaminación derivada de la actividad de las factorías de pollos y cerdos, saqueo del agua, turistificación, despojo de selvas y playas, criminalización de la defensa del territorio, fueron algunas de las afectaciones detalladas por distintos líderes y lideresas comunitarios indígenas de Yucatán ante Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y otras autoridades federales.

En el marco de un encuentro que se llevó a cabo el 15 de este mes en Ixil, representantes de Santa María Chi, Santa Gertrudis Copó, Kinchil, Sacalum, Ixil y Chuburná Puerto, entre otros pueblos, dieron precisiones de las problemáticas que atentan contra la supervivencia de cada comunidad.

La respuesta de las y los funcionarios fue lo contrario a la sintonía que esperaban los actores indígenas: no hubo nada de soluciones concretas, poco compromiso real y mucho de poner en entredicho las certezas del desastre socioambiental que padecen las comunidades mayas en Yucatán. Las autoridades apelaron a un desligue de responsabilidades, minimizaron el daño corporativo y empresarial, y eludieron la autocrítica, además de relativizar cada problemática.

La promocionada visita que realizaron a Yucatán la Secretaria y una poblada comitiva de funcionarios, entre el jueves 13 y el lunes 17 de marzo, dejó como resultado una conclusión por demás preocupante, al margen del discurso ameno –y paternalista en más de un momento– acorde a la ocasión: el gobierno federal no modificará su posición de respaldo a flagelos que afectan a los pueblos indígenas del estado, como las mega granjas porcícolas y avícolas, y tampoco actuará de manera contundente para frenar el despojo y la invasión de los capitales inmobiliarios.

A la exposición de cada una de las personas de comunidades sobre las ilegalidades y violencias que padecen, le siguieron, por parte de la titular de la Semarnat y los funcionarios convocados de dependencias como la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), una respuesta carente de acciones contundentes contra los responsables de la contaminación y el despojo que atraviesan a las comunidades del estado, la ausencia de plazos concretos de resolución de las demandas de los pueblos convocados, y hasta una visible relativización de los problemas más graves que informaron los representantes indígenas.

Semarnat desconoce un relevamiento hecho por Semarnat

En ese tono, Bárcena Ibarra se refirió a los efectos que producen las mega granjas de cerdos como si no existiese un informe de la misma Semarnat –divulgado durante la primera parte de 2023– que certificó la catástrofe que sufre el estado a manos de compañías como Keken y sus socios en el negocio porcícola.

La funcionaria llamó a realizar un nuevo censo de factorías en Yucatán, lo cual de por sí implicaría invalidar el trabajo ya hecho por la Semarnat, que dio cuenta de al menos 507 granjas distribuidas en el estado. Y hasta pidió otra evaluación para determinar cuánto contaminan esos establecimientos, en una postura que quita legitimidad a las mediciones efectuadas en la última década y media por los mismos pueblos afectados por las porcícolas, organizaciones de la sociedad civil, la ciencia independiente y, por supuesto, la misma Semarnat que hoy lidera Bárcena Ibarra.

“… lo que hace falta es hacer un censo de las granjas porcícolas y una evaluación de cuál es realmente su impacto en el agua, el aire y el suelo”, dijo la funcionaria en una de sus intervenciones.

“En el caso de Santa María Chi, creo que (la comunidad) ha sido totalmente comida por la ciudad (de Mérida). Ese es el problema de Santa María Chi. Pero ahí también hay una cantidad de granjas porcícolas y ya sabemos que no están cumpliendo las empresas. Efectivamente, había una inspección que se hizo en 2021 en Santa María Chi, pero que después ya no se le siguió el curso. Y ahora nosotros la retomamos en febrero…”, añadió, sin que se entendiera demasiado la relación entre las variables mencionadas y, en todo caso, qué hará el organismo para salvaguardar la seguridad sanitaria y ambiental de la comisaria maya.

Un detalle no menor de la visita de Bárcena Ibarra radicó en que, según la agenda de actividades en Yucatán anticipada por Semarnat, la funcionaria tenía previsto reunirse con la directiva de Keken, la principal responsable del ecocidio que generan las porcícolas en el sureste mexicano, durante la tarde del viernes 14, y al otro día llevaría a cabo una visita a la mega granja que la compañía del Grupo KUO posee en Kinchil. En contrapartida, el programa excluyó cualquier recorrido por algunos de los tantos pueblos mayas que respiran y beben la contaminación que emanan esas instalaciones.

Ante la observación llevada a cabo por un representante de la comunidad de Kinchil respecto al encuentro de la funcionaria con la cúpula de Keken, Bárcena Ibarra afirmó que al organismo le corresponde “escuchar a todos”. La funcionaria dijo lo siguiente: “Efectivamente, ayer nos reunimos con la empresa Keken, a solicitud de ellos. Yo les quiero decir que escucho a todos, esa es la idea. La idea es escuchar a todos. Ayer la empresa nos pidió una reunión, se la dimos. Pero también fuimos muy claros con la empresa de que no están cumpliendo con las normativas ambientales. Lo que nos toca a nosotros”.

Para enseguida agregar: “No están cumpliendo con las manifestaciones de impacto, no están cumpliendo con el cambio de uso de suelo, que eso también es un tema muy importante, y por ello, tanto la Profepa como la subsecretaria Ileana Villalobos (Regulación Ambiental) estamos muy atentos porque ellos tienen que cumplir la normativa ambiental. No hay pretexto para no cumplirla, que eso es lo que nos toca a nosotros”.

Bárcena Ibarra omitió decir qué hará Semarnat ante las múltiples irregularidades cometidas por Keken. O cómo es que la compañía continúa operando sin contratiempos pese a incumplir con pautas clave. Aportó detalles adicionales en otro comentario: “… le quiero decir al querido compañero […] que no tenga preocupación, nosotros no nos reunimos con la empresa para acordar nada. Nos reunimos con la empresa para cobrarle cosas. Ellos nos pidieron la reunión, se la dimos. Pero también les dijimos que hoy íbamos a estar aquí con ustedes con mucho gusto”. “No vamos a ir a sus granjas esta tarde, de ninguna manera. […] Por supuesto que, si la empresa nos pide una cita se la damos, escuchamos su punto de vista, pero también tenemos reclamos (en temas como las) concesiones de agua. […] En muchas concesiones está muy desordenada la cosa, ¿verdad? Entonces eso: definitivamente, nosotros como autoridad ambiental vamos a actuar”, afirmó.

Multas irrisorias a las porcícolas y agua “casi perfecta”: Conagua en acción

A su turno, Mayela Godinez, gerenta de Planeación Hídrica de Conagua, aportó datos que arrancaron más de una sonrisa nerviosa entre los representantes de las comunidades y, a la par, multiplicaron los comentarios entre el público que tomó parte del encuentro.

La funcionaria tampoco brindó claridad respecto al tipo de controles que en teoría lleva a cabo la dependencia, pero sí fue precisa al momento de mencionar el puñado de multas que Conagua aplicó a las factorías en los últimos años. En cada caso, la penalidad económica que tuvieron que cubrir las empresas resultó una cifra por demás irrisoria.

“De 2022 a 2024 hemos realizado diagnósticos con inventarios de 211 granjas porcinas, que generan 8.39 metros cúbicos de aguas residuales al año. Hemos monitoreado la calidad del agua, se monitorean 123 sitios, de la red nacional de monitoreo de calidad del agua del estado de Yucatán. Hemos inspeccionado y vigilado, y se han inspeccionado 33 granjas en total en este período, y hemos infraccionado 29, que representan un monto de 13.6 millones de pesos”, expresó.

Una cuenta rápida arroja un promedio de poco más de 486 mil pesos de multa por cada mega granja penada por Conagua. Apenas unas monedas para el bolsillo multimillonario de Keken y su cadena de aparceros.

Otro cálculo para tomar en cuenta: los 8.39 metros cúbicos mencionados por Godinez equivalen a menos de 8 mil 400 litros anuales por mega factoría. Esa cantidad se ubica muy por debajo, incluso de las estadísticas de consumo hídrico que ostentan las principales ciudades del estado: según la última medición disponible del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, cada habitante de la capital de Yucatán utiliza y descarta 73 mil litros de agua al año.

En virtud de sus cifras, a los ojos de Conagua las factorías de cerdos se presentan como una de las actividades económicas más sustentables de las que se tenga memoria.

Luego, la misma funcionaria se refirió a las mediciones de calidad del agua efectuadas por el organismo en Yucatán, con un resultado que confirma a Conagua como otra de las dependencias de gobierno que funcionan a contramano de la realidad de los pueblos: según Godinez, el 91% de los sitios que monitorea el organismo da niveles de calidad del agua que oscilan entre excelente y aceptable.

Pese a la contaminación, largamente medida y denunciada, que provocan las mega granjas, el agronegocio, la actividad industrial, el aparato turístico y el desenfreno inmobiliario, entre otros aspectos, para Conagua apenas el 9% del recurso hídrico del estado ostenta “una calidad no aceptable”.

“En el tema de calidad de agua, que es una de las preocupaciones constantes que hemos escuchado el día de hoy, tenemos que, de los 123 sitios monitoreados, los resultados que nos arrojan (señalan) que 71 de ellos, es decir el 58%, tienen una calidad excelente en todo el estado. Cuarenta y un sitios, el 33%, tienen una calidad aceptable. Once sitios, el 9%, tienen una calidad no aceptable con contaminantes y se requiere un tratamiento específico…”, detalló, frente a representantes e integrantes de comunidades que acumulan años de pozos contaminados por las excretas de cerdos y pollos agroindustriales.

Precisamente, Conagua ha tenido responsabilidad directa en la entrega de nuevos permisos a la granja Kancabchén II que, propiedad de Keken, envenena a la comunidad de Sitilpech, en el municipio de Izamal. En mayo de 2022, el organismo retiró los avales de uso del recurso hídrico a partir de una resolución judicial que atendió el reclamo del pueblo maya, lo cual derivó en una parálisis total de la factoría. Pocos meses después, Conagua volvió a otorgar los permisos pese a que la porcícola no aplicó un solo cambio a su sistema de descarte de excretas y aguas residuales.

Godinez concluyó su intervención con otro artilugio muy propio de la política de todos los tiempos: el desligue de responsabilidades. La bandera del aquí todos somos responsables, incluidos quienes se enferman por el simple hecho de habitar una comunidad ancestral que se volvió atractiva para Keken, Crio o Bachoco, por la cantidad de agua que subyace en su suelo.

“Ofrecemos al día de hoy continuar con los monitoreos, pero no nos quedemos solamente con que Conagua los realice”, dijo, olvidando las mediciones que, sobre todo de 2023 a la fecha, comunidades como Kinchil, Maxcanú y Santa María Chi, por mencionar algunas, han concretado con el fin de generar una comprobación científica que las dependencias de gobierno suelen obviar.

“Los planes de justicia que se han llevado a cabo en esta transformación han implementado un tema integral donde participa el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) y me atrevo a invitar a Paty –Nota del autor: Patricia Herrera Ascencio, directora general del IMTA– para que hagamos en conjunto un monitoreo. Y que también sumemos a Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para poder tener la visión completa de varias instituciones que nos permitan un diagnóstico más certero y actualizado de lo que se ha llevado a cabo”, planteó.

La interinstitucionalidad, apuntalada a partir de la creación de mesas integradas por múltiples organismos, también fue propuesta por Lourdes Hernández, representante de la Procuraduría Agraria –su titular, Víctor Suárez Carrera, no viajó a Yucatán–, quien imitó a Bárcena Ibarra y al resto de los integrantes de su comitiva en aquello de que la solución a los atropellos y violencias que sufren las comunidades mayas dependerá “del apoyo de ustedes, que son los ejidatarios, los interesados, de los colectivos, de los defensores de la tierra” –o sea, las y los damnificados–, porque el despojo, en palabras de la portavoz, “no es un tema que la Procuraduría Agraria va a poder atender sola”.

“Hemos sugerido y planteado con el gobierno del estado realizar una mesa institucional con la convergencia de todas estas dependencias, tanto del gobierno de México como del gobierno del estado, para hacer planteamientos de cada uno de los casos. Los temas que se plantearon acá tienen sus particularidades: no es lo mismo lo de Ixil que lo de Kinchil, que lo de Santa María Chi, que lo de Santa Gertrudis Copó… Requieren una mesa de atención en donde se planteen de manera particular todos estos temas y se puede solicitar la participación de las instituciones que tienen que ver con el tema”, dijo.

La política del atole con el dedo

Con matices, exponiendo poco o mucho cada una de sus cartas, pero sin quebrar la columna vertebral ideológica, la comitiva de gobierno actualizó el juego “barajó y repartió de nuevo”. Anticiparon que volverán a censar, medir, revisar, constatar lo ya censado, medido, revisado y constatado. Y desplegaron con bastante prolijidad un discurso idéntico, que buscó instalar la idea de que ninguna de las y los funcionarios actuales tuvo algo que ver con las decisiones socioambientales que se tomaron durante el sexenio de López Obrador.

El final de las exposiciones en Ixil llegó con una intervención alineada por completo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en marzo de 2024, durante un acto en el puerto yucateco de Progreso, en instancia de campaña electoral.

En aquella ocasión, la entonces candidata afirmó, con relación a las mega granjas: “Entiendo que hay normas para las granjas porcícolas. Hay tecnología para evitar la contaminación. Una de ellas son los biodigestores, que permiten generar energía, al mismo tiempo generar fertilizantes agroecológicos y evitar la contaminación del agua. El asunto es que se cumpla la normatividad. Para eso va a llegar Huacho aquí, nos vamos a poner de acuerdo, para que este desarrollo que existe en Yucatán cumpla con la norma ambiental. Es factible hacerlo. No hay que, esta idea de que hay que cerrar todas las fábricas porque contaminan, no. Hay tecnología”.

Patricia Herrera Ascencio, directora general del IMTA, prácticamente parafraseó ese mensaje. Y a eso añadió un consejo que talló en gran parte de los rostros presentes una mueca, que osciló entre la sorpresa y el desagrado.

Dijo la funcionaria: “Yo represento el brazo tecnológico del sector ambiental en materia de agua. Y lo que en principio puedo indicarles es que tecnología hay para la solución de estos problemas. El tema es que seamos responsables. Desde este momento les puedo comentar que ustedes mismos pueden, en casa, iniciar con el tratamiento de las excretas de los puercos con solo separar los líquidos de los sólidos. Con eso pueden ayudar en gran parte a apoyar el manejo de estos residuos”.

Sin atisbos de soluciones concretas, aferrada a la táctica de distribuir responsabilidades y carente de toda autocrítica respecto de las decisiones tomadas en los años recientes, Semarnat hizo pie en Yucatán con una estrategia pensada para transmitir cercanía con las comunidades, pero sin que ello implique un cambio de la matriz extractivista que afecta al estado. 

En Ixil, Bárcena Ibarra y su comitiva sembraron confusiones antes que certezas. Diluyeron la relevancia de lo ya hecho y se comprometieron a velar por los intereses de las comunidades mayas ante el gobierno. Como si la funcionaria y toda la comitiva no fuesen parte clave de la misma gestión. 

No hubo un solo indicio respecto de promover un modelo socioeconómico alternativo. Por el contrario, únicamente se habló de reordenar, recalcular y revisar lo ya vigente. En tiempos donde recrudece la emergencia, las autoridades volvieron a dar señales de que nada cambiará para Yucatán. Y que, frente al pedido desesperado de los pueblos indígenas, la respuesta del gobierno seguirá siendo, como dicta el manual del statu quo, acentuar la política del atole con el dedo.