Comunidades mayas denuncian otra explotación minera ilegal y peligra el monte de Umán

La compañía Proser busca legitimar una explotación minera que inició el año pasado pese a no contar con los permisos pertinentes. Se trata de un proyecto que, de obtener avales ambientales, provocará la destrucción de más de 500 hectáreas de selva. Las comunidades mayas de San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texan Cámara unieron fuerzas y elevaron una denuncia que apunta a desarticular un nuevo ecocidio minero en Yucatán.

Desde el 2024, la empresa Proser S.A. de C.V. realiza trabajos de minería en un banco de materiales pétreos sin los permisos correspondientes en medio de la selva de comunidades mayas del municipio de Umán, en Yucatán. Las comunidades San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texan Cámara interpusieron una queja ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado pues se encuentran a entre 1 y 4 kilómetros de la mina cuando la distancia legal es de por lo menos 5 kilómetros, de acuerdo con las propias regulaciones de la SDS.

La poca distancia entre las casas y el banco de materiales que realiza detonaciones con dinamita no es la única irregularidad. Las operaciones iniciaron sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por ende sin la autorización pertinente, y tampoco se efectuó una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Umán. Los ejidatarios señalan que existen irregularidades en la renta de las tierras, además de subrayar que el espacio de extracción se encuentra a sólo 8 kilómetros de la Reserva Ecológica Cuxtal, el área natural y acuífera más importante de Mérida. 

Propiedad del empresario David Bolio Cervera, Proser es la empresa que construyó la Terminal de Autobuses TAME, efectuó la remodelación del Centro de Convenciones Siglo XXI, y llevó a cabo el Palacio de la Música, la repavimentación de Paseo Montejo, el Hospital Psiquiátrico en Mérida, el Parque Eólico en Dzilam de Bravo y la mega granja de Kekén en Hunucmá.

La renta de tierras ejidales de San José Tzal

Ejidatarios entrevistados por Jaltun relataron que hace 5 años un grupo de empresarios intervino en una asamblea ejidal para proponer la renta de 700 hectáreas por un período de 34 años. Nunca les informaron que esos terrenos luego serían detonados para la extracción de material de construcción, es decir, que quedarían inutilizables una vez pasado el período de renta. 

Si bien en ese momento varios campesinos se opusieron al trato, tras un procedimiento opaco e irregular que ya fue denunciado ante la Procuraduría Agraria, algunos ejidatarios firmaron la entrega de las tierras y recibieron, a cambio de eso y a repartir entre todos, 9 millones de pesos. Hoy, esos terrenos valen más de 423 millones, de acuerdo al catastro municipal. 

“La asamblea no fue válida. Tuvo muchas irregularidades como, por ejemplo, meter gente como ejidataria cuando no eran campesinos sino empresarios. Nosotros somos 358 ejidatarios activos en el pueblo, pero los representantes ejidales se han dedicado a vender las tierras”, declaró uno de los ejidatarios que se opone al proyecto.  

El entrevistado recordó que los campesinos trabajaban la milpa en esas tierras que hoy están deforestadas y vuelan por los aires con la dinamita. Añadió que incluso el pago de ese usufructo fue desigual pues mientras algunos ejidatarios recibieron 50 mil pesos, a otros les pagaron apenas 1.500. 

“Ma es ma”, el pueblo maya reclama sus derechos sobre el territorio

El 24 de agosto pasado, la población de San José Tzal convocó a una asamblea a la que acudieron autoridades, vecinas y vecinos de los pueblos de Texan, Xcucul Sur, Hotzuc, y Petecbiltun. Explicaron que se enteraron del proyecto minero —planeado para llevarse a cabo en las tierras rentadas hace 5 años— debido a que en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán se publicó la solicitud de la empresa Proser de evaluación y resolución de la MIA para la instalación de un banco de materiales sobre un área de 529 hectáreas. Allí, la firma extraerá piedra y montará una planta trituradora y un servicio de apoyo. 

En sus procedimientos, la SDS sólo da cinco días hábiles para que las comunidades puedan informarse, organizarse e interponer una queja a la solicitud. Las y los vecinos lograron hacer todo eso con el tiempo encima y emitieron una carta de inconformidad respaldada por 786 firmas de pobladores de las cuatro comunidades afectadas: Hotzuc, Petecbiltun, Texan Cámara y San José Tzal. 

De acuerdo con Utsil Kuxtal, organización que acompaña legalmente a los pueblos mencionados, la queja exige a la SDS que niegue el permiso y la clausura del proyecto. Ocurre que el banco que Proser ahora busca legalizar comenzó a operar el año pasado sin ningún tipo de permiso y ya ha devastado al menos 10 hectáreas de selva. 

En la asamblea estuvieron presentes pobladores de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, quienes también padecen la cercanía de bancos de materiales que vienen destruyendo las casas y sufren una persecución judicial por denunciar esos impactos. Los pobladores de Xcucul Sur contaron cómo la instalación de las minas afectó la vida de la comunidad y de qué forma lograron la clausura del yacimiento más cercano al pueblo.

“Ma es ma” —”No es no”, en maya— declararon algunos vecinos refiriéndose a que defenderán el derecho a decidir lo que se hace en su territorio. Enfatizaron que están molestos porque no se les informó ni consultó sobre el proyecto, a pesar de que ese requisito representa un derecho reconocido tanto por las leyes mexicanas como por la legislación internacional.

Explosiones mineras sacuden la tranquilidad de los pueblos 

“La explotación de bancos de materiales pétreos no es una actividad reciente en la península. Sin embargo, la elevada demanda de insumos frente al incremento de megaproyectos en el estado, como el Tren Maya, detonó una expansión sin precedentes en la actividad minera”, explica Utsil Kuxtal en un comunicado.

De hecho, junto al banco que pretende consolidar Proser existe otra explotación abierta desde 2008 en terrenos de una comunidad cercana de Xtepén, y que ya ha causado daños estructurales en las viviendas de Hotzuc. 

Hotzuc es una comunidad de 300 personas ubicada en el municipio de Umán y distante poco más de 1 kilómetro de ambos bancos de materiales. Está rodeada de proyectos extractivos: el banco de la empresa Zamudio en Xcucul Sur, la trituradora AEPSA de Xtepén, y la granja de cerdos de Texan.

Los pobladores de Hotzuc perdieron sus tierras ejidales hace años en un embargo promovido por ejidatarios de otros pueblos y hoy allí es casi imposible dedicarse al campo. La comunidad carece de transporte y atención médica de calidad.

“Para ir a citas médicas a Umán tenemos que hablar con el tricicletero y ver si tiene tiempo de llevarnos. Hotzuc está muy abandonado”, cuenta Hermelinda Tun Rodríguez en entrevista con Jaltun.

La recaudación de firmas para la queja integrada por las y los pobladores ante el banco de Proser fue rápida, aún en el corto período que da la SDS para actuar. Casi el 30 por ciento de la población de Hotzuc alcanzó a firmar. Las consecuencias de los bancos de materiales cercanos y sus detonaciones cotidianas, que suceden desde hace tres años, ya se ven en las cuarteaduras de las casas. A algunas personas las explosiones les han roto las ventanas y obligado a pagar reparaciones costosas o vivir en casas inseguras. 

“A veces confundimos las detonaciones con tormentas. Pasa en la noche cuando retumba y pensamos que va a llover. Cuando estoy en el cuarto veo cómo caen los pedazos del techo”,  afirma Martina Euan Euan, quien acaba de reparar el techo de uno de sus cuartos, aunque tres albañiles ya le confirmaron que es inseguro y lo mejor sería tirar todo para volver a construir. Martina no sabe a qué empresa o banco ir a reclamar: si a Proser, a Xcucul o a Xpetén.

“Por eso estamos inconformes con esto, con lo que está pasando. No nos gustaría que pase a mayores porque no somos de dinero, no tenemos recursos para componer nuestras casas”, agrega Hermelinda Tun.

Utsil Kuxtal enfatiza que la apropiación del territorio maya para la instalación de proyectos industriales que operan sin permiso ni diálogo con la comunidad es una muestra de racismo institucional pues “los derechos de los pueblos y comunidades se siguen colocando por debajo de las necesidades empresariales”. 

Las personas entrevistadas pidieron a las autoridades competentes, tanto municipales como estatales, la clausura de la mina ilegal en tanto viola derechos de los pueblos indígenas, así como también leyes ambientales y legislaciones agrarias. 

Daniela Castelán, pobladora de Hotzuc, mostró su preocupación ante las consecuencias que tendría este proyecto para el pueblo. “Cuando se derrumben los árboles y se mueran los animales, cuando las explosiones y la contaminación afecten a nuestras casas, ¿qué vamos a hacer? Somos pocos, pero estamos unidos contra la destrucción de ese espacio de vida que queda ahí”, concluyó.