Chocholá vence al despojo, la comunidad recupera tierras ancestrales

Habitantes de la comunidad maya en Yucatán batallaron durante 13 años para recuperar 612 hectáreas que les fueron despojadas por coyotes de la tierra. Presentaron más de 50 demandas y realizaron innumerables manifestaciones. Los empresarios que se apropiaron del área llegaron a montar un banco de materiales y una calera. La comunidad planea hacer de esos terrenos una zona de conservación de la biodiversidad.

Trece años debieron pasar. Tras más de 50 demandas, plantones y manifestaciones exigiendo justicia, ejidatarios y habitantes de Chocholá lograron ganar la batalla: recuperaron 612 hectáreas de terreno selvático que, de forma amañada, les habían sido despojadas por acaparadores de tierra que públicamente se presentaban como empresarios. Ahora, la idea de la comunidad es hacer de ese espacio un área de conservación.

Las primeras dificultades brotaron en 2010, con una serie de acciones para parcelar esas hectáreas. En el pueblo se escuchó que el terreno quedaría bajo control de personas que no pertenecían a la comunidad. Y esto a pesar de que ahí se llevaban a cabo actividades como la apicultura o la cría de ganado desde hacía más de 40 años. Las y los pobladores de Chocholá sabían que en el polígono existen cenotes y aguadas. 

Los ejidatarios reaccionaron pidiendo explicaciones e incluso solicitaron una conciliación para saber qué estaba ocurriendo con el terreno. Pero sólo pudieron contemplar cómo algunos volquetes comenzaron a ingresar al área para sacar material pétreo para la construcción de carreteras, de acuerdo a testimonios proporcionados a Jaltun.

No fue sino hasta el 16 de diciembre 2012, en el contexto de una asamblea de cambio de destino para privatizar esas tierras con el fin de comercializarlas, que la población se enteró que el terreno había pasado a manos de Sergio P., Luis M., Jorge L., y Janet B. Personas que se decían habitantes de Chocholá pero que nadie en la comunidad conocía. 

El despojo se hizo patente cuando, de un día para otro, al menos 20 ejidatarios se encontraron con bloqueos que impidieron el acceso a la zona donde hacían sus labores.  

“Mi apiario está a 100 metros de la calera, desde 1990. Un día me tiraron un volquete de escombro y piedras para no pasar. Me vi en la necesidad de abrir un nuevo camino para llegar hasta donde estaban mis abejas. A otros les hicieron lo mismo”, recordó, en entrevista con Jaltun, uno de los apicultores afectados. 

Sorprendidos e inconformes, los ejidatarios iniciaron acciones para demandar los daños y recuperar sus tierras, desde denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y plantones, hasta presentar una demanda ante el Tribunal Agrario bajo el argumento de que no se les respetó el derecho de posesión ni tampoco hubo rendición de cuentas respecto de los proyectos que se realizarían en el polígono afectado. También denunciaron irregularidades en la Asamblea Especial de Formalidades en donde se pretendió el cambio de destino de las tierras y en el acta correspondiente. 

Sin embargo, todos los procedimientos se estancaron. Las cuatro personas que se quedaron con las tierras nunca se presentaron para dialogar con la comunidad. Apenas enviaron a sus abogados para ofrecer a la población la construcción de una palapa y la reparación de algunos caminos, propuestas que fueron rechazadas. Además, y en el marco del proceso jurídico iniciado en el Tribunal, los empresarios presentaron un estudio donde se indicó que las tierras en disputa “eran inservibles, ociosas, que no había vida, no había nada, no se podría trabajar ni utilizar”. 

Las y los pobladores no se quedaron cruzados de manos: contrataron a un biólogo para que confirmara que la zona era selvática y con gran biodiversidad. En respuesta, el Tribunal envió un actuario, quien corroboró la información: reconoció que los terrenos son ricos en vida animal y vegetal, pues encontró excremento de venado y de pavo, plumas, cuerpos de agua e, incluso, vestigios arqueológicos. 

A pesar de que había en curso un procedimiento jurídico en el Tribunal Agrario, y a que no se contaba con un dictamen técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2016 se inscribió ante el Registro Agrario Nacional (RAN) el acta de la asamblea de 2012. 

Los obstáculos en el largo camino a la justicia

En 2017, los empresarios deforestaron cerca de tres hectáreas de las tierras despojadas a la comunidad y construyeron una calera —instalaciones de extracción y molienda de material pétreo— a pocos kilómetros del pueblo. La calera comenzó a generar grandes nubes de polvo e incluso afectó algunas casas, que se agrietaron por el bombeo. Aunque la Profepa clausuró sus operaciones en diversas ocasiones, las medidas fueron temporales y el lugar siempre terminó por reanudar actividades. 

La situación se tornó más tensa: los ejidatarios comenzaron a encontrar sus colmenas tiradas o quemadas, los árboles talados o los alambres para resguardar ganado cortados. Los amenazaron con dañar a sus animales o las zonas donde trabajaban. Algunas personas perdieron las construcciones que tenían en la zona. 

También, se incrementó la presencia policial en el pueblo: cuando había asambleas ejidales llegaban patrullas antimotines que vigilaban a quienes asistían a las reuniones. Además, se volvieron comunes los enfrentamientos entre las y los pobladores. 

“Por medio de personas de la misma comunidad, los empresarios generaron enfrentamientos. Es lo que buscan siempre: dividir, enfrentar; esa es la estrategia. Nos difamaban, que si a una persona le habían pagado, que si otra persona se había vendido”, relató un habitante de Chocholá.  

En 2017, siete de los ejidatarios y pobladores que se oponían a la venta del territorio fueron detenidos sin razón por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La mayoría eran adultos mayores. Los retuvieron por 12 horas y los policías explicaron, de manera ambigua, que las personas arrestadas habían efectuado un presunto daño a la propiedad ajena y alterado el orden público.

Al margen de eso, los policías dijeron que “se les dieron órdenes” de hacer detenciones, y que los arrestos eran “una advertencia para que supieran lo que les podía pasar”. Así lo detallaron varios de los afectados, quienes presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) sin obtener respuesta. 

Pese a todo, el grupo no desistió. El 15 de julio de 2019, los ejidatarios presentaron otra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34: señalaron que la asamblea de cambio de destino violó el artículo 59 de la Ley Agraria. Éste indica que la asignación de parcelas en tierras que contengan bosques o selvas es nula de pleno derecho, además de que existieron irregularidades en el proceso de inscripción del acta de asamblea en el RAN.

A través de ese recurso también se detectó que el acta de la asamblea fue inscrita en 2016 con un dictamen técnico particular, cuando la única instancia con autoridad para hacerlo es la Semarnat.

Además, tras revisar el expediente en el Registro, se halló que la Secretaría sí emitió el documento, pero 20 días después del proceso de calificación registral, lo cual viola las normativas establecidas. Por si fuera poco, en dicho documento se afirma que las 612 hectáreas están ubicadas en áreas con selva mediana caducifolia. Por lo tanto, la asignación de esas tierras es nula. 

En febrero de 2023, el magistrado José Rivera falló a favor de las y los ejidatarios de Chocholá, declarando la nulidad del acta, la inscripción en el RAN, los certificados parcelarios, y los títulos de propiedad expedidos a favor de los cuatro empresarios. A partir de ese movimiento, las tierras estuvieron a un paso de retornar nuevamente al ejido. 

Sin embargo, un mes después, el comisariado ejidal de Chocholá, encabezado por David Anguas, José Quintal y María Quintal, presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa con el objetivo de revertir la sentencia para favorecer a los empresarios. En el recurso, señalaron que la sentencia presuntamente transgredía derechos fundamentales y la protección de la propiedad agraria. 

Para los ejidatarios, la acción confirmó la existencia de fuertes alianzas entre los empresarios y algunos pobladores, generadas con el fin de quebrar la resistencia popular y quedarse con las tierras. 

“¿Cómo es posible que el mismo comisario se esté amparando a favor de los empresarios para que recuperen sus tierras? Es una vergüenza. ¿Cómo es posible que se esté amparando a favor de ellos y no a favor del pueblo, del ejido? Lo peor, es que esto que pasa acá pasa en otros pueblos”, sostuvieron integrantes del grupo en resistencia. 

Corrupción y omisión: la mafia agraria

El Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, indica que Yucatán es uno de los cuatro estados del país donde se han solicitado más cambios de destino para las tierras de propiedad social: de inicios de 1993 a noviembre de 2023 se registraron 359 trámites de cambio de destino, la mayoría para parcelar tierras de uso común y por lo general con la intención de convertirlas de dominio pleno para que se puedan privatizar y comercializar sin restricciones. 

Aunque el documento oficial asegura que estos movimientos son “derivados del potencial comercial y turístico de la zona, ya que la gran mayoría son destinados a la creación de nuevos asentamientos humanos, zona urbana e infraestructura”, lo cierto es que detrás hay otros factores. 

“Los megaproyectos normalmente se instalan en los pueblos a base de despojo de tierras y fraudes”, subraya Alberto Velázquez,  investigador de la Universidad Intercultural de Campeche. Esas malas prácticas se vieron favorecidas por la reforma al Artículo 27 Constitucional en 1992, que habilitó el paso a un modelo de propiedad social que permite privatizar y mercantilizar la tierra y es utilizado como un mecanismo para acentuar los despojos.

“La mafia agraria no es nada más una etiqueta: es una realidad. Hay toda una serie de complicidades, entre agentes de gobierno, operadores agrarios, personal del RAN, de la Procuraduría Agraria, que finalmente se prestan para generar esta serie de despojos. Incluso hay notarías públicas que se prestan a eso”, explica. 

La consecuencia directa es que las comunidades se quedan sin tierra y en ocasiones son absorbidas por núcleos urbanos. Eso ha sido visible en casos como el ejido Chuburná, Dzodzil y Xcumpich, que en la actualidad fueron convertidos en colonias de la ciudad de Mérida. Todo esto mientras se generan luchas internas dado que siempre hay ejidatarios que desean vender para sostenerse económicamente, mientras otros desean preservar las tierras como un patrimonio familiar y comunitario.

Alrededor de las movilizaciones en defensa del territorio, afirmó Velázquez, también se han presentado casos de criminalización y hostigamiento policial, entre otras violaciones a los derechos humanos. 

La unión como defensa del territorio

¿Cómo se podrían evitar esos despojos? En concreto, se recomienda implementar mecanismos que brinden más seguridad y certeza jurídica sobre la tierra. “Incluso se ha hablado de reformar la Ley Agraria para revertir los procesos y no mercantilizar la tierra“, sostiene Velázquez. En cuanto a las comunidades, la sugerencia es que permanezcan unidas, alertas, y que denuncien todas las anomalías que detecten. Incluso aunque no se trate de ejidatarios, pues el territorio es para el uso y disfrute de las y los habitantes de cada pueblo en su totalidad.  

En Chocholá esa fue la alternativa que funcionó. Finalmente, el pasado 14 de marzo el Tribunal Agrario decidió que el amparo era improcedente, con lo cual dejó firme la sentencia que devuelve las 612 hectáreas de selva al ejido. 

Ahora deberá realizarse una asamblea para fijar el uso que se hará de las tierras recuperadas. Los ejidatarios que promovieron la demanda quieren que la zona sea destinada a la conservación, pues se considera dentro de la zona de influencia (como subzona de tránsito) de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, la cual es un Área Natural Protegida (ANP) y sitio Ramsar. Las tierras que fueron objeto de despojo en Chocholá se caracterizan por su amplia biodiversidad:

En una reunión que sostuvo el ejido de Chocholá con la Procuraduría Agraria a propósito del parcelamiento irregular, la venta ilegal de parcelas y la falta de certeza de los usufructos para el programa “Sembrando vida”, se propuso trabajar a través del esquema de Áreas Voluntariamente Destinadas a la Conservación (AVDC), el cual también promueve proyectos de turismo comunitario ecológico.

“Lo que nosotros queremos es que el legado que le dejemos a nuestros hijos, nietos, sea un ambiente sano, donde vivan en paz y no siga existiendo esa división social; que no se siga viviendo bajo engaños y se vaya concientizando”, se enfatizó desde la comunidad.