Chocholá continúa la lucha para recuperar tierras que acechan inmobiliarias y mineras

Tres empresarios ligados a la venta irregular de tierras promovieron cuatro amparos y lograron tirar abajo una resolución judicial que devolvía al pueblo más de 600 hectáreas despojadas. Los tribunales se pronunciaron a favor de los “coyotes” de la tierra con argumentos contradictorios. Lejos de resignarse, la comunidad reavivó la batalla judicial. Fonatur y el Tren Maya, otros actores con intereses en el territorio de Chocholá. 

Tras haber recuperado 612 hectáreas de tierra despojadas, el ejido de Chocholá recibió un duro revés jurídico: con argumentos contradictorios, el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Yucatán amparó a los empresarios que se apropiaron de los terrenos. Pese a los obstáculos sembrados por empresarios e instituciones, el ejido asegura que no se detendrá hasta recuperar ese territorio. 

Como detalló Jaltun a fines de mayo de este año, en 2012 la población de Chocholá supo que algo más de 600 hectáreas habían pasado mediante diversos procesos irregulares a manos de Sergio P., Luis M., Jorge L., y Janet B., personas que se decían habitantes de Chocholá pero nadie en el pueblo conocía. 

Desde entonces, el ejido emprendió una lucha jurídica para recuperar sus tierras. En febrero de 2023 se creyó que la contienda había quedado en favor de la comunidad maya: el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 declaró la nulidad del acta de asamblea, la inscripción en el Registro Agrario Nacional (RAN), los certificados parcelarios y los títulos de propiedad expedidos a favor de los cuatro empresarios. 

Y aunque el comisariado ejidal del pueblo, entonces encabezado por David Anguas, José Quintal y María Quintal, presentó un amparo para revertir la sentencia y favorecer a los empresarios, éste fue rechazado en abril de 2025 logrando así que se mantuviera la resolución del tribunal. 

Tras ese resultado, la población comenzó a hacer planes: lo siguiente era convocar a una asamblea para decidir el uso que se le daría a esas hectáreas de selva. Esto, con el objetivo principal de destinarlas a la conservación pero sin excluir la posibilidad de generar proyectos productivos que beneficien a las y los habitantes. 

Los actores del despojo y el revés judicial

Sin embargo, apenas un mes y medio después las empresas Detrox, Inmobiliaria Chocholá y Oxica promovieron cuatro amparos ante el Juzgado Sexto de Distrito. Alegaron que entre 2015 y 2017 adquirieron el territorio en disputa y no se las involucró en el juicio. Por lo tanto, no conocieron la sentencia sino a través de una nota publicada en un medio de comunicación local lo cual, argumentaron, habría violado su derecho a la audiencia. 

Lo particular está en que dichas empresas están representadas por Sergio P. y Luis M., dos de las personas involucradas en los juicios. En Chocholá señalan que ambos recurrieron a la artimaña de transferir los terrenos para mostrarse “alejados” de las compañías que luego impulsaron los amparos. 

Pero, en tanto Sergio P. y Luis M forman parte de las sociedades que conforman esas empresas, el equipo jurídico del ejido argumentó ante los tribunales que no pueden negar que fueron informados de los procesos. Se citó jurisprudencias donde se señala que aquello que una persona conoce como particular no lo puede negar como apoderada legal de una empresa. Con esto, se logró que tres de los cuatro amparos fueran rechazados. 

Sin embargo, el primero sí fue otorgado a favor de las compañías: el juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez dictaminó que la sentencia no se notificó de manera personal a Sergio P. y así echó para atrás la resolución del tribunal. 

“Los aliados de las empresas empezaron a decir en el pueblo que ya habían ganado, que se les dio la razón, se burlaban de nosotros. Hasta llegaron a decir que la calera, después de ocho años de estar detenida, comenzaría a funcionar nuevamente en diciembre”, explicaron ejidatarios de Chocholá.

Ante el nuevo contexto adverso, la comunidad impulsó un recurso de revisión. “El juez resolvió con sentencias contradictorias un mismo tema. Incluso en el primer amparo tachó de ineficaz la notificación de la sentencia, pero en los últimos no se pronunció en absoluto al respecto. Esa primera resolución estuvo muy forzada porque hay muchos elementos para determinar que las empresas sí conocían la sentencia. Sus apoderados fueron parte del procedimiento”, indicaron a Jaltun fuentes ligadas al equipo jurídico. 

Un pueblo en la incertidumbre

Ahora el ejido deberá esperar cerca de un año para que se resuelva el recurso de revisión impulsado por la comunidad. Actualmente, rige una suspensión para la ejecución de la sentencia del tribunal y las 612 hectáreas permanecen en el limbo. Mientras tanto, el territorio atrae más y más el interés de empresas inmobiliarias y mineras.

“Ya están diciendo que se van a instalar una calera nueva al poniente; un ejidatario les vendió el terreno”, comentaron integrantes de la comunidad. 

En paralelo, vecinas y vecinos de Chocholá denuncian que se han realizado asambleas amañadas para vender tierras. En concreto, enfatizaron que a veces no se avisa con los plazos adecuados para que todo el ejido participe. O, en todo caso, no se brinda información completa sobre las tierras en venta, para qué se utilizarán y a quiénes se otorgarán.

Exponen que se dieron casos de ventas de tierras a precios ínfimos comparados con los valores posteriores de reventa. En ese sentido, exigen que se realicen modificaciones a las legislaciones para evitar nuevas situaciones especulativas o de despojo.

“El gobierno no ha hecho su parte de cambiar las leyes para que no se sigan dando este tipo de situaciones. Y ahorita los que estamos trabajando la tierra, los apicultores, los que tenemos algo de ganado, y hasta los de Sembrando Vida que nos negaron un usufructo, la vemos difícil. A nosotros no nos quieren dar tierras para trabajar pero bien que se las dan a los empresarios para que las destruyan”, recalcaron, en entrevista con Jaltun. 

El Tren Maya, otro factor que impacta en las tierras de Chocholá

El destino final que tendrán las 612 hectáreas de la comunidad permanece en el misterio. En medio de los movimientos realizados por los empresarios, una parte de los terrenos ya fue expropiada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y otra resultó adquirida en compraventa para el Tren Maya.

“Las empresas tenían pleno conocimiento de que las tierras se encontraban en juicios. Si nunca le informaron a Fonatur de ese vicio que existía, la responsabilidad recae sobre ellas”, explicó el equipo jurídico.

Ante todas las amenazas que acechan su territorio, el ejido exige a las autoridades jurídicas “no hacerse de la vista gorda”. Y que se resuelva el recurso de revisión de manera tal que el pueblo pueda recuperar esas 612 hectáreas que les pertenecen.

También reiteraron su llamado a la Procuraduría Agraria y a la Presidencia de la República para que intervengan en los intentos de despojo que padece Chocholá. Recordaron que hicieron llegar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detallando las problemáticas que atraviesan a la comunidad y, también, que los representantes de la Procuraduría prometieron regresar después de una reunión que sostuvieron en mayo.

Hasta la fecha, las autoridades políticas y los organismos de control continúan sin hacerse presentes en Chocholá. La comunidad, mientras tanto, sigue reforzando la resistencia en defensa de un territorio, el propio, al que quieren seguir preservando de la depredación extractivista.