Cerdos en Santa María Chi: dueños de la mega granja violan suspensión definitiva

Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil siguen operando con normalidad pese a que rige una suspensión definitiva de la factoría que contamina a la comisaría maya. Cómplice del empresariado, el Ayuntamiento de Mérida renovó la licencia de la porcícola.

En el mapa de la impunidad que la porcicultura industrial ha logrado desplegar sobre el trazado territorial de Yucatán, el caso de la mega granja que funciona en la comisaría de Santa María Chi, a media hora de Mérida, resalta como una referencia que integra todas las aristas negativas que distinguen al extractivismo ganadero en el sureste mexicano. Deforestación, saqueo de las reservas hídricas, contaminación generalizada y maltrato animal se combinan con un blindaje político y judicial que, ligado íntimamente al tenor del apellido de los propietarios de la factoría, permite explicar en gran medida cómo una instalación a la que se le han aplicado tres suspensiones –dos de ellas definitivas, una de éstas en plena vigencia– sigue funcionando con total normalidad.

Y por qué, pese al desastre comprobado, sus dueños, los clanes Loret de Mola y Coldwell a través de las firmas Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil, vienen de obtener la renovación de la licencia para operar de manos del ayuntamiento de la alcaldía de Mérida.

Las denuncias contra la mega granja por su actividad contaminante proliferaron durante 2024 y esa tendencia continúa en este primer tramo del 2025. A partir de la intervención de organismos como el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en mayo y noviembre del año pasado se establecieron suspensiones parciales y totales con el fin de mitigar de alguna forma el daño socioambiental originado por la porcícola.

Lo particular radica en que, siempre en referencia a 2024, tanto la Dirección de Desarrollo Urbano como el mismo Ayuntamiento de Mérida nunca efectuaron los controles correspondientes para certificar el cumplimiento del freno impuesto a las operaciones de la mega factoría. Y algo similar ocurre en la actualidad.

El 28 de enero pasado, según se informó de manera oficial, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán dictaminó una nueva paralización definitiva para la mega granja de las familias Loret de Mola y Coldwell ante un recurso de amparo presentado con el fin de proteger la seguridad sanitaria de las infancias, las y los adolescentes, y la población en general de Santa María Chi.

Pero, nuevamente y tal como pudo constatar Jaltun en una visita de campo a la comunidad maya y los distintos accesos a la instalación porcícola –a partir de recorridos documentados en fotografía y video–, Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil continúan operando con total normalidad y los controles de la administración que encabeza Cecilia Patrón Laviada en Mérida se destacan por su absoluta ausencia.

A eso hay que añadirle un agravante que explicita aún más la decisión del Ayuntamiento de no intervenir en contra de los intereses de la mega granja: según confirmó el mismo IFDP, en agosto del año pasado y a sabiendas de los procesos judiciales contra la instalación por el daño ambiental que provoca, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal de la alcadía de Mérida decidió renovar la licencia de funcionamiento de la factoría.

De acuerdo a una notificación de prensa emitida por el IFDP, el permiso actualizado permite que la mega granja “opere y funcione sin ningún problema hasta el 31 de agosto de 2027”. El organismo define a la renovación como “una clara violación a los derechos humanos de la niñez y de la población en general de Santa María Chi, puesto que están debidamente documentadas las afectaciones que la granja está ocasionando a la salud, al agua y al medio ambiente sano de la población”.

Añade el IFDP: “No sobra decir que el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, ha impugnado esta nueva suspensión otorgada a la niñez contra la renovación de la licencia de funcionamiento, argumentando que no cuentan con las facultades para ordenar la paralización del establecimiento por presuntas infracciones a la normatividad ambiental conforme lo dictado por el Juez de Distrito”.

“Con la presentación de esas impugnaciones por parte del Ayuntamiento, queda demostrado que todo el tiempo ha estado a favor de los empresarios para que la granja porcícola siga operando y funcionando a escasos metros de la comunidad, como hasta ahora lo ha hecho, y en contra de la niñez, así como en general, de la población de Santa María Chi, que están teniendo serios problemas de salud y afectaciones al medio ambiente de su entorno”, concluye.

Porcicultura industrial: la política del ecocidio

Los avales actualizados a la instalación de las familias Loret de Mola y Coldwell incluso dieron pie a un debate intenso en la sesión de cabildo llevada a cabo por el Ayuntamiento de Mérida el pasado 30 de enero.

En esa ocasión, representantes del PAN y de Morena mantuvieron un fuerte cruce en el que se reconoció que el Ayuntamiento revalidó la licencia de la mega granja tras considerarse que “sigue cumpliendo con los requisitos” de funcionamiento, y que en dicho proceso no se consideró el daño ecosistémico y sanitario que genera la instalación.

Ligado a esto, el regidor y secretario municipal Edgar Ramírez Pech, dijo que “no está entre las facultades” de la Alcaldía “clausurar (la mega granja) por un tema ambiental”. En la misma cita también se develó que la factoría carece de permisos federales para operar, tampoco dispone de avales para la descarga de aguas residuales, y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) incluso le aplicó una multa de 14 millones de pesos por las distintas irregularidades cometidas.

Entrevistado por Jaltun, Wilberth Nahuat Puc señaló que la instalación de cerdos funciona sin ningún tipo de restricción más allá de la suspensión vigente. Y expuso que las distintas inspecciones realizadas sobre todo durante el último año constataron que, dentro del predio que controlan Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil, ocurren violaciones constantes a las normativas ambientales vigentes tanto a nivel estatal como federal.

“Estamos denunciado que, justamente, la mega granja opera con normalidad pese a que la suspensión que impusieron los tribunales sólo permite la presencia del personal mínimo y únicamente para labores de mantenimiento del lugar. Hoy está ocurriendo todo lo contrario a eso. No sólo hemos constatado esta ilegalidad: también encontramos que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán no ha impuesto ninguna clausura ni tampoco monitorea la suspensión, por lo que también está incumpliendo lo dispuesto a nivel judicial”, aseguró.

“Por lo demás, las inspecciones efectuadas, según está asentado en la documentación que se ha ido generando a partir de las distintas suspensiones, dieron con todo tipo de irregularidades. Se han encontrado restos de cerdos muertos en zonas de afloramiento de agua, chatarra y tuberías en desuso junto a esas mismas fuentes, y un estado deplorable de las instalaciones de la granja en general. También se constataron problemas graves de mortandad de cerdos. La existencia de daños ambientales en la mega granja está acreditada por completo”, añadió.

Por su parte, José Orvelin Montiel Cortés, abogado de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, también aseguró a Jaltun que las autoridades del Ayuntamiento no han dado muestras de estar siquiera monitoreando la suspensión aplicada a la factoría de cerdos.

“Hasta ahora las autoridades no han informado nada al juzgado respecto del cumplimiento de la suspensión, aun cuando se ordenó judicialmente que se verifique que la porcícola no está entrando más cerdos. Este incumplimiento está siendo llevado a cabo por las autoridades demandadas, esto es, la dirección de Desarrollo Urbano y su similar de Finanzas del Ayuntamiento”, comentó.

Montiel Cortés agregó que, al menos hasta el momento, “no se tiene conocimiento de que la empresa haya hecho alguna acción para mitigar los daños ambientales” que ha generado. Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil, remarcó, siguen sin promover un plan para remediar el impacto negativo provocado por el funcionamiento de la mega granja durante la última década y media.

Perfil contaminante de la mega granja en Santa María Chi

Consolidada como una de las promotoras de daño socioambiental más denunciadas y documentadas en Yucatán, la factoría de Santa María Chi reúne a cerca de 50 mil cerdos junto a una comunidad maya que merodea los 400 habitantes. Un cálculo rápido arroja un promedio de 125 animales por cada vecina o vecino del pueblo.

Activa desde hace algo más de 15 años, y sujeta al rol de proveedora de Kekén, la compañía que monopoliza el procesamiento de carne de cerdo en la Península de Yucatán, la instalación viene promoviendo un impacto ecosistémico negativo que recrudeció durante la primera mitad de 2023 a partir de una quema de excretas que derivó en casos de afectación pulmonar y otras dolencias respiratorias en la población de Santa María Chi.

El humo intenso proveniente de la mega factoría redundó en la movilización de las y los vecinos de la comunidad maya, quienes incluso montaron un campamento muy cerca del ingreso a la firma en señal de rechazo a la porcícola.

Las familias Loret de Mola y Coldwell respondieron a la resistencia comunitaria iniciando dos demandas judiciales contra Wilberth Nahuat Puc, el comisario del pueblo y uno de los rostros socialmente más visibles de la resistencia popular en esa comunidad maya. En concreto, acusaron al funcionario de presunta privación ilegítima de la libertad y secuestro, sólo por estar a la cabeza del puesto vecinal.

La persecución legal contra Nahuat Puc sigue hasta estos días, con una definición en suspenso, y el equipo de abogados consolidado por Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil para atender el caso incluso ha reconocido en instancias de audiencias que busca encarcelar al líder indígena.