Blindaje al despojo: persecución judicial y despliegue de policías contra campesinos de Baca

Ejidatarios de la comunidad maya que denunciaron un desmonte ilegal acusan a la comisaria ejidal de coludirse con empresarios y utilizar a la policía de Yucatán para intimidarlos. Isidro Pech y Baltazar Matu, líderes de la resistencia, enfrentan una demanda por acoso luego de que la asamblea ejidal acordara denunciar al empresario Pedro Solís Millet.

Durante la mañana del 19 de agosto, un grupo de la policía antimotines de Yucatán llegó al domicilio de Isidro Pech, en Baca, Yucatán. Lo buscaban para notificarle que la comisaria ejidal, Araceli Herrera, había iniciado una demanda en su contra. Isidro no estaba en su domicilio, pero ese día su teléfono no paró de sonar.

“Me marcaron para decirme que la policía me estaba buscando. Fueron varias personas las que me dijeron. Estaban asustados”, dice el campesino, en entrevista con Jaltun, a escasos días de ese suceso.

Además de a él, la policía buscó a Baltazar Matu, otro campesino de Baca. Ambos han sido los rostros más visibles de la lucha que pobladores y ejidatarios de esa comunidad maya libran contra la élite político-empresarial yucateca que los quiere despojar de sus tierras.

“Yo creo que lo que está detrás de todo esto es muy claro, no hay que darle muchas vueltas: la comisaria se vendió a los intereses del empresario. Ven en las tierras un negocio redondo”, comenta Isidro, indignado.

Acusados por denunciar

La nueva afrenta contra los campesinos de Baca tiene su origen en la denuncia que algunos ejidatarios interpusieron contra el empresario Pedro Solís Millet, quien a finales de mayo, como reportó Jaltún, invadió y deforestó ilegalmente 167 hectáreas de tierras de uso común del ejido.

Al percatarse de esta acción, los campesinos denunciaron por todos los medios al empresario yucateco, acusado junto a otros de sus familiares de acaparar tierras en la Península de forma ilegal. Y, en simultáneo, de corromper a los representantes ejidales para fracturar los acuerdos de las Asambleas.

Tras estos hechos, las autoridades acudieron al sitio a petición de los ejidatarios. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) clausuró el desmonte argumentando que el empresario deforestó la selva baja caducifolia sin autorización oficial.

Por su parte, la Procuraduría Agraria comenzó a examinar las supuestas actas asamblearias con las que el empresario se escudó para invadir ilegalmente las tierras ejidales. Las actas, como ya habían denunciado los ejidatarios en mayo, no eran válidas pues nunca se aprobaron en Asamblea. De hecho, previo al intento de despojo por parte de Solís Millet la comunidad rechazó una solicitud de usufructo presentada por el empresario.

Ante esto, el 29 de julio pasado la asamblea ejidal de Baca aprobó de forma “arrasadora” demandar a Pedro Solís Millet. La decisión fue constatada por funcionarios de la Procuraduría Agraria, quienes acudieron como observadores a la reunión que llevaron a cabo las y los vecinos. Sin embargo, hasta la fecha, la presidenta del comisariado ejidal no ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades.

“Esto nada más confirmó nuestras sospechas de que la comisaria ya se había vendido a los empresarios”, relata Isidro. El desenlace de la historia terminó dándole la razón.

Tres días después de la asamblea, el 2 de agosto, la comisaria ejidal denunció a Isidro y Baltazar por presunto “acoso”. Ambos se enteraron de la acción penal con el megaoperativo reciente que la policía estatal montó en contra de ambos pobladores.

Pech y Matu acudieron a la Fiscalía Estatal, en Motul, para verificar la situación. Ahí los ejidatarios confirmaron la existencia de dos carpetas de investigación en su contra. Asimismo, observaron una tramitación inusualmente rápida y con preferencia, sugiriendo —según Isidro— la intervención de una “mano negra” o influencia externa.

De hecho, relata el ejidatario, el propio comandante de investigación de la policía de Motul se mostró extrañado al encontrar la carpeta y aclaró que su equipo no realizó el operativo. Los uniformados que intervinieron en Baca fueron enviados desde Mérida.

La Fiscalía otorgó a la comisaria Herrera en atención a su denuncia “medidas precautorias o cautelares” que impiden a los ejidatarios denunciados acercársele y, a partir de eso, bloquear la posibilidad de que Pech y Matu asistan a las asambleas ejidales. De coincidir en un mismo espacio, los vecinos resultarían arrestados.

“Tienen miedo a que sigamos denunciando el despojo, por eso nos quieren excluir de las asambleas. Lo que no entienden es que no es una cosa de nosotros dos: en Baca ya cobramos conciencia y decidimos que no dejaremos que nos despojen de nuestras tierras”, enfatiza Isidro.

Una vieja táctica

El conflicto en Baca no es un hecho aislado: se inscribe en un patrón más amplio de acaparamiento de tierras ejidales y resistencia campesina en Yucatán.

El caso de las 167 hectáreas invadidas por Pedro Solís Millet es solo uno de tantos, como también lo demuestran otros despojos denunciados por los ejidatarios de Baca en el último tiempo. Por ejemplo, la apropiación ilegal de cerca de 8 hectáreas que el empresario Chikri Abimerhi llevó a cabo el año pasado en esa zona para instalar un patio de grúas.

O la ocupación también fraudulenta de alrededor de 30 hectáreas perpetrada recientemente por los empresarios Alberto y Rafael Yáñez Castro para construir una gasolinera en la carretera a Motul.

Este proceso de despojo no podría ocurrir sin la complicidad de instituciones como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), percibidas por los ejidatarios como parte de una “corrupción e impunidad sistémica”, y que favorece a las élites empresariales que integran los clanes Solís Millet, Abimerhi, Mafud, Loret de Mola y Abraham, entre otros.

De acuerdo a una investigación interna de la Procuraduría Agraria, estos apellidos integran el ínfimo grupo de 36 familias que controlan casi 40 mil hectáreas en la Península de Yucatán.

Las relaciones de estas familias con el poder político son evidentes. Un ejemplo es la cercanía entre los Abimerhi y el secretario de Seguridad de Yucatán, Luis Saidén Ojeda. Este último ha sido señalado en más de una oportunidad de, presuntamente, estar detrás de una serie de contratos de adjudicación directa otorgados a la familia de empresarios para la explotación de grúas y la prestación de servicios de mantenimiento a los vehículos de la policía estatal.

En Baca no faltan quienes afirman que estas relaciones explican el uso de la policía contra aquellos campesinos que se oponen al acaparamiento ilegal de tierras que promueven los Abimerhi. En esa comunidad Isidro fue arrestado ilegalmente en 2021 tras sufrir la muerte de sus abejas y luego de que denunciara como causante la construcción ilegal de la gasolinera de Alberto y Rafael Yáñez Castro.

Además, la parcela de Pech colinda con el terreno despojado por los Abimerhi para su patio de grúas. Isidro denuncia que la familia de empresarios ahora pretende anexarse más tierras cercanas para conectar a ese patio con una propiedad que figura a nombre de Sara María Briceño de Abimerhi, la esposa de Chikri.

Esto, en la lectura del campesino, demuestra “un claro respaldo económico y político de funcionarios estatales hacia los empresarios y la comisaria (Herrera)”.

La lucha en Baca sigue

Los ejidatarios planean presentar pruebas y demostrar la persecución que sufren. No obstante, concluyen, más allá de las tácticas legales y policiales, el meollo del conflicto es la defensa de la tierra como patrimonio comunitario y fuente de sustento, frente a la visión desarrollista y especulativa que beneficia a unos pocos, perpetuando una desigualdad estructural y la multiplicación de los “ecocidios”.

Pech y sus compañeras y compañeros son enfáticos: “Le tenemos que dar prioridad al pueblo. No le podemos dar prioridad a alguien que desconocemos y que va a cometer ecocidios como el actual”.