Agroindustria, turistificación
y Tren Maya en Bacalar:
afectaciones y resistencias colectivas
Narrativas de Resistencia
La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.
Redacción Jaltún
Septiembre 2023
Hasta hace un par de décadas, Bacalar era un pequeño pueblo maya de puertas abiertas al Caribe y cuya economía se sostenía a través de la milpa, la apicultura y la docencia, en este último caso a partir del funcionamiento del Centro de Educación Normal en Bacalar. En ese apartado del estado de Quintana Roo el turismo mostraba un rasgo regional y los atributos del lugar se transmitían de boca en boca.
Veinte años atrás, los pobladores no imaginaban que con el correr del tiempo el turismo se convertiría en el soporte económico primordial del municipio. Y que, combinada con la agroindustria, la actividad terminaría resquebrajando el paisaje biocultural y los modos de vida locales.
Dos eventos cambiaron la historia de ese Bacalar ajeno al extractivismo turístico, bajo el cual se promovió la Riviera Maya como destino internacional, y de labor agrícola concentrada entre los pobladores históricos del lugar.
El primero de ellos correspondió a la instalación de colonias menonitas que, a inicios del 2000, comenzaron a proliferar a partir de la compra ilegal de tierras ejidales. Nadie en el pueblo y sus alrededores, ni siquiera los mismos ejidatarios, sospecharon que el arribo de los menonitas abriría paso a una explotación que, respaldada mediante programas de impulso agropecuario, corrupción de funcionarios agrarios e intereses de empresas nacionales e internacionales, terminaría lacerando la selva de Bacalar por efecto de una expansión incontenible.
Los datos de esta depredación son contundentes: según un monitoreo de Global Forest Watch, el estado de Quintana Roo perdió, justamente en 20 años, al menos medio millón de hectáreas de monte a manos del desarrollo turístico, la agroindustria ligada al cultivo intensivo de soya, maíz y caña de azúcar, y la expansión inmobiliaria.
El segundo evento tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox, declaró “Pueblo Mágico” a Bacalar. La categoría asignada a la comunidad, estatus pensado para acentuar la explotación turística en determinadas zonas de México, disparó el interés de los capitales privados por hacer del sitio otro espacio destinado a captar visitantes y viajeros sobre todo del exterior.
Rápidamente se consolidó la idea de comercializar a Bacalar como un paraíso de calma, relajación y aventura basado en las aguas turquesas de su laguna. Ese mismo rótulo es el que terminó por invisibilizar los estragos que fue multiplicando la difusión del pueblo como un espacio, de pronto enfocado, en atraer el turismo masivo.
El aumento de la violencia criminal, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la tierra, la marginación y la segregación poblacional, la migración, la gentrificación y la folklorización de la identidad maya, fueron algunos de los aspectos que emergieron a partir de la declaración de “Pueblo Mágico”.
Y cuya gravedad resultó invisibilizada tanto por los beneficiarios de los negocios que alentó la categorización como por las autoridades y organismos competentes, interesados también en asegurarse una mayor recaudación económica a partir del cobro de impuestos, regalías y prebendas de ocasión.
Más cercano en el tiempo, el impacto de ambos eventos se vio magnificado a partir de la imposición del Tren Maya, un megaproyecto impulsado por la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como premisa acentuar la expansión del turismo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, y la industria en general en el sureste del país. Con afectación directa de los modos de vida y los medios de sustento de las poblaciones mayas y campesinas que habitan dicho territorio.
La investigación que aquí inicia da cuenta, precisamente, de cómo esta combinación de decisiones e iniciativas impulsadas por actores políticos y del capital privado dio lugar a una transformación de Bacalar que, aún en proceso dramático, tensiona de un modo riesgoso la perduración de las comunidades y sus formas históricas de habitar el municipio.
Expansión agroindustrial menonita
Entre 2001 y 2022, de acuerdo a mediciones de Global Forest Watch, Bacalar perdió casi 130,000 hectáreas de cobertura arbórea. Semejante superficie equivale al 24 por ciento del territorio del municipio, que llega a nuestros días como el más deforestado de todo el estado de Quintana Roo.
En ese lapso, la selva fue rápidamente reemplazada por monocultivos de soya, sorgo y maíz a partir de una agroindustria que ganó tamaño, también, mediante prácticas de compra y renta de tierras ejidales y privadas.
El rol de las colonias menonitas ha sido determinante en ese sentido. El inicio de la avanzada de estos grupos tuvo su primer capítulo en el inicio de los años 2000, momento en que integrantes de esa comunidad provenientes de Belice hicieron pie en la selva bacalareña con la fundación de Salamanca. A ese posicionamiento inicial le siguieron los de El Bajío, Paraíso y San Fernando hasta completar 15 ejidos con presencia menonita.
Salamanca nació tras la adquisición de 5,000 hectáreas del ejido de Bacalar. Ya en 2004, y a partir del tamaño y la concentración de colonos ostentada por el asentamiento, Salamanca obtuvo el status de ejido menonita en sí mismo, en lo que fue un proceso inaudito hasta ese momento en Quintana Roo.
Fernando Canul, integrante del Consejo Indígena Maya de Bacalar y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, se refiere a cómo ocurrió aquel arribo.
“El primer asentamiento de menonitas fue en Salamanca. De allí fueron buscando colocarse en otros ejidos. Llegaron ofreciendo una cantidad de dinero que nunca habíamos visto. Dijeron ‘venimos a trabajar, no a cuidar el monte’”, recuerda.
Ubicado a sólo 7 kilómetros de la laguna de Bacalar, Salamanca es fuente de contaminación de los ecosistemas de la zona a raíz del uso indiscriminado de pesticidas que los menonitas ejecutan en su labor agrícola.
Con el cancerígeno glifosato a la cabeza entre los herbicidas que más resultan aplicados sobre los cultivos de soya que se multiplican en el ejido -también de uso común para combatir las hierbas en lotes de maíz y sorgo-, los productores de Salamanca llevan a cabo fumigaciones intensivas que llegan a los acuíferos del municipio por efecto de la naturaleza kárstica del suelo.
Símbolo de la deforestación y el incremento de la presencia menonita en la zona, Salamanca exhibe hoy un tamaño 11 veces mayor al delimitado por la mancha urbana de la cabecera municipal de Bacalar.
A la par de lo ocurrido con ese asentamiento, los ejidos de El Bajío, Paraíso y San Fernando también acumulan años de depredación agroindustrial por causa de los menonitas. En cada caso, el despliegue de los colonos tomó forma a partir de 2012 siempre mediante la estrategia de comprar lotes.
Una vez avecindados en esos espacios, los menonitas fueron un paso más allá con la adquisición de derechos ejidales. En concreto, esta acción les permitió comenzar a tallar en las decisiones respecto del futuro de las tierras de uso común disponibles en esas mismas áreas.
El posicionamiento de los colonos llegó a un punto tal que, por estos días, se dan situaciones de ejidos en los que más del 50 por ciento del padrón de, justamente, ejidatarios, corresponde a productores menonitas.
“Hasta hoy vamos más o menos bien. Poco a poco estamos comprando tierra en dos ejidos: El Bajío y Paraíso. Entre las dos colonias ya tenemos como cinco mil hectáreas”, detalla al respecto A. Schmitt, ejidatario menonita de El Bajío.
Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, siempre de acuerdo a Global Forest Watch y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), son los ejidos con mayor porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal. Pero la merma no se ajusta únicamente a esos espacios: a través de la compra de derechos ejidales y la renta, los menonitas han diseminado la deforestación por otros 16 ejidos aledaños a los ya controlados por los colonos.
En una serie de recorridos llevados a cabo por el equipo de Jaltún, se corroboró que la destrucción de la superficie arbórea en todas esas áreas guarda relación directa con el cambio de uso de suelo para el tipo de agroindustria que desarrollan las comunidades menonitas mencionadas.
Mediante un análisis cartográfico realizado por Jaltún en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, se estableció que la deforestación efectuada en los últimos 20 años implicó la pérdida de más de 11,450 hectáreas de monte. Cifra equivalente a la superficie de la ciudad de Cancún.
“Están destruyendo la vida del campo. Ellos tienen el apoyo del gobierno, toda la maquinaria que ellos sacan tiene ese aval. Si uno como campesino va, no tiene esas garantías”, asegura Fernando Canul.
Lo expuesto por Canul encuentra asidero en las más de cuatro décadas de políticas agropecuarias que han priorizado la producción agroindustrial en la Península. En ese sentido, las colonias menonitas de Bacalar han sido beneficiadas con incentivos y créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto, con el objetivo de fortalecer la producción de oleaginosas a partir de la disponibilidad de maquinaria agrícola y semillas.
Los gobiernos, garantes de la deforestación
La expansión agroindustrial en Bacalar es la principal causa de deforestación en el municipio. El cambio de uso de suelo sin previa autorización y con complicidad silenciosa de las autoridades ambientales, sobre todo para la producción de monocultivos como la soya transgénica, repercute de manera negativa en el modo de vida campesino y alienta la pérdida del segundo bosque tropical más extenso de América.
La injerencia de los actores políticos debe entenderse como una variable determinante al momento de explicar cómo este sistema se consolidó con tanta celeridad en Bacalar. En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que SAGARPA -hoy SADER, sigla que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.
La decisión de esa dependencia de gobierno dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar. Los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano, además de destacar la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los pueblos indígenas.
Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica. La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.
Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a las y los habitantes mayas de Bacalar.
Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado. Y así llegamos a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.
En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2022, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa. El principal comercializador de lo que genera el cultivo es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A. Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.
A la par de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades. Así, en agosto de 2021, SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo en los que, siempre de forma presunta, los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales. El pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.
Su aplicación no pasó del acto mediático. Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte: “Si el gobierno decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos. Queremos seguir en lo mismo. Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.
Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar. La última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.
El turismo de masas da la espalda al pueblo de Bacalar
Luego de que, en 2006, el gobierno federal de Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas de desarrollo económico para las familias locales. Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con la espalda económica suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.
El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a nivel internacional, promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluye a Chetumal y Mahahual.
En un puñado de años, Bacalar dejó de ser un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas. En los primeros catorce años de vigente el rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó 750 por ciento.
Pero el tenor de este incremento lejos estuvo de fortalecer la economía local. En ese sentido, investigaciones como la desarrollada por la doctora Giovanna Gasparello dan cuenta de cómo los procesos de turistificación en Quintana Roo mantienen un vínculo estrecho con el ascenso de la violencia criminal en la llamada “Riviera Maya”, con alcance a la zona urbana y rural del sur del estado.
A ese escenario se sumó, ya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto federal del Tren Maya, el cual acentuó los procesos de desposesión y despojo de la tierra y, en simultáneo, instauró un programa de reordenamiento territorial mediante el impulso de un corredor regional.
“El tren irrumpe en el territorio maya peninsular como un proyecto que continúa la colonización. ¿Qué significa esto? Que le arrebata tierras a las comunidades mayas. Viene a hacer eso que llaman reordenamiento territorial. Nos quitan porque saben que nosotros convivimos de otra forma con la tierra. Para nosotros devastar la selva no es prosperidad. Vienen a quitarnos nuestra agua, nuestra tierra, nueva vida en general”, explica un miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiímbal.
El proyecto del Tren Maya abarca tres ámbitos: turismo, transporte de personas y movimiento de carga. Según el colectivo GeoComunes, el último de estos “vagones” articulará la producción agroindustrial y la industria cárnica a partir del movimiento de productos hacia los puertos de exportación. El empresariado de las granjas porcícolas y avícolas, así como los actores de la industria y la siembra de transgénicos y otros cultivos intensivos, estarán entre los principales beneficiados de la iniciativa ferroviaria.
Del otro lado se ubican las comunidades mayas, totalmente omitidas en los procesos de decisión y excluidas de forma intencional de los mecanismos de consulta que establecen leyes locales y los distintos acuerdos internacionales rubricados por México.
Una prueba de esto último tuvo lugar durante el segundo semestre de 2019 cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron una consulta dirigida a los ejidos que incumplió estándares a los que adhiere el país.
“… la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”, expresó, respecto de este procedimiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un comunicado divulgado a mediados de diciembre de ese año.
“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso”, añadió la organización.
Al año siguiente, y tras incumplir la normativa ambiental vigente, el proyecto del Tren Maya dio comienzo y con él se activaron los preparativos para atravesar el municipio de Bacalar y sus ejidos mediante el denominado Tramo 6. Semejante plan implicó un escalón más en los procesos de turistificación del municipio alentando, por ejemplo, un aumento en el valor de la tierra del orden del 350 por ciento en apenas dos años, según datos del Colegio de Ingenieros Civiles.
De acuerdo a esa entidad, aquellos lotes que cotizaban a razón de los 1,000 pesos el metro cuadrado pasaron a valer 4,500 sólo entre el anuncio de la construcción del tendido ferroviario y el inicio de 2020. Para imponer su tren, el gobierno federal -a través de FONATUR- activó una campaña de desalojos a los que públicamente presentó como reubicaciones consensuadas y acordó con el ejido de Bacalar la toma de control de algo más de 56 hectáreas.
“La especulación en los terrenos cercanos a la laguna es terrible. Hay una violencia que no se está diciendo, pero que en el propio pueblo se escucha. Llega gente que está involucrada en el crimen organizado, que violenta a los veladores de los terrenos en disputa, para apoderarse de espacios que pueden ser estratégicos para el turismo”, afirma otro integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muuch Xiímbal.
Y añade: “La gente de Bacalar ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a estar rentando? ¿Nos van a seguir sacando de nuestras tierras o vamos a sentirnos obligados a vender?”
La voracidad oficial por disponer de espacios para desplegar el proyecto viene siendo tal que, a fines de junio de este año, y según quedó indicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal expropió por “causa de utilidad pública” 150 hectáreas y 261,000 metros cuadrados pertenecientes, entre otros, al municipio de Bacalar.
El impulso al Tramo 6 trajo aparejado, además, un despliegue de militares inusitado en todo el municipio dada la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como coordinadora del proyecto.
Precisamente fue el Ejército Mexicano quien protagonizó en el tramo 6 uno de los eventos más desafortunados de destrucción ambiental al devastar los humedales del Estero de Chac, sistema que conecta a la laguna de Bacalar con el río Hondo, con la pretensión no consumada de rellenar con material su canal principal para atravesar la vía del tren.
“Esa decisión es una enorme equivocación que traerá consecuencias graves para los frágiles ecosistemas que conforman esta región. Constituye además una amenaza para el bienestar y la seguridad de las poblaciones locales quienes nunca fuimos consultadas y atenta contra nuestro derecho a un medio ambiente sano”, se indicó en una carta abierta firmada por más de 150 pobladores e integrantes de centros culturales, espacios comunitarios y académicos, y organizaciones no gubernamentales.
Estos actores señalaron que, en el tendido correspondiente a Bacalar-Chetumal, SEDENA abrió brechas de hasta 70 metros de ancho previa destrucción de miles de árboles. “Estamos constatando que la construcción de las vías para el tren no está tomando en cuenta el enorme valor de los humedales y ni ha dado la importancia debida a los procesos de conectividad entre ecosistemas acuáticos”, añadieron.
SEDENA se excusó de su intervención en el Estero de Chac alegando “error humano”, y a modo de alternativa propuso la construcción de un puente elevado sobre ese curso de agua. Pero lo cierto es que aquellos pobladores y organizaciones que exponen los efectos negativos que provoca el proyecto ferroviario remarcan que los actores de gobierno que impulsan la iniciativa y el mismo Ejército Mexicano disponían de información precisa respecto de la relevancia del brazo hídrico. Y que aún así efectuaron el relleno adrede y con la expectativa de que la acción pasará desapercibida ante la opinión pública.
En un comunicado emitido el 2 de agosto de 2023, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la organización CartoCrítica informaron que 1,309 hectáreas del tramo 6, concernientes a Bacalar, no disponen de autorización alguna en términos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Indicaron, además, que sólo el 13 por ciento del trazado del Tren Maya cuenta con dicha autorización.
Los horcones de la vida campesina
La milpa, la apicultura y, más recientemente, el manejo forestal comunitario son los horcones que sostienen la vida campesina y comunitaria en Bacalar. Y son las principales muestras de resistencia al perfil de producción intensiva y turistificación que se pretende solidificar en Bacalar. Estas prácticas campesinas priorizan la seguridad alimentaria y ponen el foco en el resguardo del monte y sus saberes.
“La tierra es casa, hogar, espacio, milpa donde nacen y crecen las semillas que le dan vida a nuestros pueblos”, explica un defensor del territorio maya e integrante del colectivo de semillas Much’ Kanan I’naj.
Su organización, dedicada al resguardo, la reproducción y el compartir de semillas nativas, es uno de los pilares de la resistencia milpera en el poniente de Bacalar. Much’ Kanan I’naj acumula más de dos décadas de protección del territorio. En su andar, el colectivo logró la cancelación jurídica del permiso para el cultivo de soya transgénica en la zona.
Sus acciones se entretejen con otras organizaciones mayas de la Península de Yucatán, principalmente de Hopelchén, que también han sufrido en primera línea los estragos del agronegocio soyero que lideran las colonias menonitas con respaldo de todos los gobiernos.
“Sostenemos espacios anuales de intercambios de semillas como un acto político para la defensa del territorio”, comenta uno de los coordinadores del colectivo, quien además señala que que a través de la práctica de los 4 Ch’iles se asegura la preservación y reproducción de hasta ocho variedades de semillas de maíz.
En congruencia con dicha práctica, recientemente la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, reconoció a la milpa maya como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por el manejo productivo de la tierra que efectúan las y los campesinos, y el cuidado que éstos establecen de los ecosistemas.
La apicultura es otro pilar que sostiene la preservación de la biodiversidad de los bosques tropicales de Bacalar. La pandemia del COVID-19, en combinación con el impacto negativo de las tormentas Amanda y Cristobal ocurridas en 2020, paralizaron la economía y fue en ese contexto adverso que la Sociedad de Producción Rural Kabi Habin, organización ubicada en Blanca Flor, ganó protagonismo logrando mantener a flote a más de 165 familias distribuidas en al menos 26 ejidos.
Con el foco puesto en llegar de forma directa a los mercados de miel orgánica, la entidad combina los aspectos más relevantes de la vida comunitaria en Bacalar. Esto es, desarrollo económico local, soberanía alimentaria, resguardo de saberes ancestrales y conservación del monte.
También existen iniciativas de manejo forestal que merecen ser asumidas como ejemplos contundentes de resistencia en medio de tanta depredación de la selva. La sociedad El Achiotal, por mencionar un caso, propone una labor forestal comunitaria que también brinda una salida económica a las familias que participan de la iniciativa. El Achiotal se encuentra ubicado en el ejido de Isidro Fabela, considerado uno de los mejor conservados del municipio. En esa área, la superficie arbórea se redujo cerca de un 3,5 por ciento (214 hectáreas sobre un total de 6,200) en los últimos 20 años.
“Ahorita se están capacitando para conocer más el monte. Han tenido capacitación para ubicar los árboles y cómo se siembran. Eso les va a ayudar a ver, más adelante, por qué esto tiene valor. Solo teniendo una visión hacia el futuro es como esto se va a conservar. Los jóvenes están muy interesados”, comenta un ejidatario de Isidro Fabela.
Precisamente lo que ocurre en El Achiotal es inspirador para jóvenes como Juana, que ya se ve estudiando ingeniería forestal en unos años. También para Beatriz, ejidataria y otra de las personas que propone un desarrollo turístico sustentable, respetuoso de las aves, los mamíferos, el monte, los cuerpos lagunares, en Bacalar.
Por su parte, la sociedad civil organizada en Bacalar, también ha sido un contrapeso importante contra el agronegocio, la turistificación y el proyecto del Tren Maya que tanto afecta al municipio. La participación de investigadores, pobladores, organizaciones no gubernamentales y activistas ha sido fundamental para visibilizar, denunciar y frenar acciones que atentan contra el ambiente y la vida en general.
Esto se hizo visible, por poner una referencia, en la carta pública dirigida al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a María Luisa Albores y Luis Crescencio Sandoval, titulares de SEMARNAT y SEDENA, respectivamente. Difundida en julio de este año, en la misiva se hizo un llamado para suspender y reparar el ecocidio perpetrado en el Estero de Chac. La acción logró visibilizar e impulsar la reparación del daño efectuado.
A diferencia de todo lo que se publicita a partir de discursos que sólo postulan el desarrollo industrial y la acumulación de riqueza a costa del despojo y el deterioro ambiental, los modos de vida que sostienen miles de familias en Bacalar, a partir de quehaceres basados en la conservación del monte y el territorio, acercan un soplo de esperanza que deviene en oportunidad para el patrimonio natural en esta parte de México. Precisamente, esas formas del buen vivir están ligadas a una sapiencia que puede ser redentora ante la crisis civilizatoria actual.
Video reportaje
Texto, guion y edición de video: equipo Jaltún – Voz: Rosario Nieto – Diseño web: Miguel Guzmán – Diseño e ilustración: Yadira Martínez
