Baca y la amenaza del despojo: Solís Millet inicia otra ofensiva para adueñarse de tierras
Publicado 16 diciembre, 2025
Con la mira puesta en terrenos para negocios inmobiliarios, Pedro Solís Millet presiona para hacerse con el usufructo de tierras en el ejido Baca, en Yucatán. Tras el rechazo que obtuvo de la asamblea ejidal en 2024, y el desmonte ilegal promovido a mediados de este año, el empresario confabula una votación decisiva para el próximo 11 de enero. La comunidad denuncia criminalización de líderes sociales y complicidad del comisariado ejidal.
En el ejido Baca, Yucatán, un grupo de 540 ejidatarios libra una batalla definitiva por su tierra. El próximo 11 de enero de 2026, una asamblea podría decidir el usufructo de 133 hectáreas de tierras de uso común a favor del empresario Pedro Solís Millet, quien se haría con esa superficie por un plazo de 30 años a un precio irrisorio: 500 pesos para cada ejidatario que firme.
Ese momento será decisivo en una estrategia de acaparamiento de tierras que comenzó en mayo de 2025 con el desmonte de terrenos forestales del ejido efectuado con maquinaria vinculada al empresario; continuó con el rechazo mayoritario de la asamblea ejidal a esos actos; y culminó en la persecución judicial a Baltazar Matu e Isidro Pech, líderes de la resistencia comunitaria, quienes enfrentan una denuncia por “acoso” interpuesta por la presidenta del comisariado ejidal.
Frente a esa ofensiva, que encendió el rechazo de los campesinos, los ejidatarios proponen un futuro alternativo: un usufructo colectivo que busca integrarse al programa Sembrando Vida para producir el campo que pretende Solís Millet.
La historia completa de Baca es un mapa detallado de las tensiones agrarias en la península de Yucatán, donde la tierra ejidal es codiciada por élites empresariales y la defensa del territorio puede ser convertida en un delito para los campesinos. Esta es la crónica de una resistencia indígena y comunitaria que, desde la selva derribada hasta las salas de los tribunales, defiende una idea tan simple como poderosa: la tierra es nuestra.
La cronología de un conflicto: del desmonte a la criminalización
La lucha por el ejido Baca no estalló de un día para otro: es el resultado de una escalada cuyos hitos marcan una ruta clara de despojo territorial.
Todo comenzó en octubre de 2024, cuando la asamblea de ejidatarios rechazó por primera vez una solicitud de usufructo de 167 hectáreas presentada por Pedro Solís Millet. El contrato, según analistas jurídicos consultados por Jaltun, contenía cláusulas leoninas que otorgaban derechos excesivos al empresario.
Sin embargo, el rechazo en el papel no detuvo la ambición. A finales de mayo de 2025, el sonido de motosierras y maquinaria pesada rompió la tranquilidad de la comunidad. Los ejidatarios, alarmados, descubrieron con horror que más de 160 hectáreas de su selva habían sido arrasadas. La maquinaria, vinculada a Solís Millet, había entrado ilegalmente a las tierras de uso común del ejido.
Los pobladores reaccionaron: presentaron quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnat y la Procuraduría Agraria, pero la respuesta institucional ha sido un laberinto de silencios y trámites inertes. Para ese momento los agentes de la Profepa suspendieron las actividades de la maquinaria en el terreno.
Ante la impunidad, la asamblea ejidal tomó un camino más firme: el 29 de julio de este año votó de forma “arrasadora” para que el comisariado ejidal, encabezado por Araceli Herrera Arceo, interpusiera una demanda formal contra Solís Millet por invasión y deforestación. Pero esa decisión comunitaria se estrelló contra un muro de complicidad. La comisaria ejidal nunca presentó la denuncia.
En cambio, en un giro que los ejidatarios interpretaron como una contraofensiva, el 2 de agosto presentó una denuncia penal por “acoso” en contra de los dos rostros más visibles de la resistencia: Baltazar Matu e Isidro Pech. La notificación de esta denuncia llegó el 19 de agosto con un despliegue intimidatorio de policía antimotines enviados desde Mérida.
La Fiscalía impuso medidas cautelares a Matu y Pech que les prohibieron acercarse a la comisaria, maniobra que en la práctica buscó excluirlos de las asambleas donde se define el destino de las tierras de Baca. A pesar de la persecución, la resistencia logró una victoria táctica este 8 de diciembre.
Ese día, el comisario ejidal convocó a una asamblea informativa sobre el usufructo de las mismas tierras. La maniobra del empresario se correspondía con una vieja estrategia usada por los acaparadores de tierra en Yucatán: convertir la reunión informativa en una asamblea simple para, una vez allí, aprobar de forma inmediata la solicitud del usufructo. No lo consiguió debido a que la asamblea no tuvo la mayoría necesaria para realizar el acto.
Baltazar Matu relata: “Como no tuvieron la mayoría, tuvieron que dejar la reunión como informativa”. Esa misma noche, sin embargo, la estrategia del despojo se adaptó. Apareció pegada en la puerta de la casa ejidal una nueva convocatoria para el 17 de diciembre de 2025. En ella, la superficie solicitada se reducía de 167 a 133 hectáreas.
Previendo que en esa asamblea, de cara a las fiestas de fin de año, no se alcanzará el requisito del quórum —la mitad más uno del total de ejidatarios reconocidos— la misma convocatoria fija una segunda vuelta para el 11 de enero de 2026. Esa reunión sería la decisiva pues su validez no requiere de quórum mayoritario.
En el plano de las hectáreas que solicita, el empresario —en complicidad con los representantes ejidales— borró del mapa el polígono Cayetano, esto es, el terreno que fue central en el conflicto inicial. Con ese movimiento, Solís Millet apuntó a limpiar el antecedente del desmonte ilegal de mediados de año.
“Ya no son 167 hectáreas, sino 133, porque eliminaron el polígono Cayetano que fue donde surgió el problema”, explicó Matu a Jaltun.
El precio de la firma y la contrapropuesta silenciada
En el centro de este conflicto late una cuestión económica que los ejidatarios viven como una afrenta a la dignidad. El empresario ofrece 800 mil pesos por 133 hectáreas, pagando un costo menor al que los ejidatarios valúan su territorio. “A cada ejidatario le tocarán alrededor de 500 pesos por firmar una entrega de 30 años“, estimó Matu.
La propuesta de Matu no es una contraoferta de venta, sino una denuncia del valor real del territorio y una exigencia de respeto: “Si el señor realmente quiere la tierra y cree en su proyecto, debe pagar lo justo. Al menos 1 millón de pesos por hectárea”. No obstante, para Baltazar la única alternativa real es que la tierra se quede en manos del pueblo, generando vida y economía local, “pues si se cede por una miseria, el usufructo se convierte en un despojo cuyo fruto, el dinero, es solo para el empresario”.
En paralelo a esta oposición, Matu y otros 22 ejidatarios plantean una alternativa concreta. Desde septiembre de 2025 gestionan el usufructo de 66 hectáreas —tres por persona— para una posible ampliación del programa federal Sembrando Vida.
Pero, mientras la solicitud de Solís Millet avanza con celeridad hacia una asamblea, la de los ejidatarios ha sido detenida sistemáticamente por la comisaria ejidal y funcionarios de la Procuraduria Agraria. Esta disparidad en el trato no es un detalle menor.
“Si se aprueba la de Pedro Solís Millet, nuestra solicitud resultará en un litigio que durará años y ganará quien tenga más dinero”, advierte Matu con preocupación. La burocracia, en este caso, se revela como un instrumento más que favorece al capital privado y ahoga la iniciativa comunitaria.
Un patrón regional: los hermanos Yáñez y la sombra de Abimerhi
El conflicto en Baca no es un hecho aislado o fortuito. Es la expresión de un patrón de acaparamiento de tierras bien establecido en la península de Yucatán, donde élites empresariales con mayor capital jurídico y conexiones políticas operan siguiendo un manual de acciones.
En esa comunidad, los ejidatarios señalan dos casos previos que dibujan ese modus operandi: lo hecho por los hermanos Yáñez Castro y el accionar del empresario Chikri Abimerhi. El caso de los hermanos Rafael y Alberto Yáñez Castro es citado por Baltazar Matu como un precedente aleccionador y una táctica que teme que Solís Millet pueda replicar.
Según la versión de los campesinos, estos empresarios lograron apoderarse de tierras ejidales para instalar una gasolinera sin contar jamás con un usufructo legal aprobado por la asamblea. La estrategia, explicó Matu, consistió en iniciar una posesión de hecho del terreno para, posteriormente, intentar trasladar el conflicto del fuero agrario —donde priman los derechos del ejido— al fuero civil, un ámbito donde los pleitos son más costosos, largos y favorables para quien tiene más recursos.
“Esta es la táctica que usaron los señores de la gasolinera… y es una forma de despojo que dura años”, advirtió, señalando que si la asamblea del 11 de enero rechaza el usufructo, ese podría ser el siguiente movimiento del empresario Pedro Solís Millet.
La sombra de Chikri Abimerhi se cierne como otra figura del mismo entramado. Los campesinos lo señalan como otro actor empresarial que ha buscado apropiarse de tierras ejidales en la región. La percepción de los ejidatarios es que existe una red de influencias que protege ese tipo de intereses.
De hecho, Matu vincula directamente a la policía estatal con el respaldo a esta familia, por eso teme que ese cuerpo de seguridad termine por detenerlo antes o durante la asamblea.
Esta desconfianza no es paranoia: se alimenta de la experiencia del megaoperativo del 19 de agosto –el cual, como reportó Jaltun, dirigió la policía estatal con órdenes desde Mérida y sólo para notificar la existencia de una demanda de “acoso” contra Baltazar e Isidro– y del hecho de que la autoridad ejidal es parte activa del conflicto.
“La tierra es nuestra”: el futuro se juega el 11 de enero
Con este telón de fondo de desconfianza institucional y patrones de despojo recurrentes, la comunidad de Baca se prepara para el día definitivo: el 11 de enero de 2026. El miedo a una detención preventiva que silencie a los líderes de la oposición es tangible.
En Baca, las instituciones agrarias en lugar de proteger la propiedad social parecen facilitar su desintegración. Al mismo tiempo, el comisariado ejidal actúa en sintonía con los intereses externos. Y la Profepa, por otra parte, levantó los sellos de “clausura” del terreno invadido en una visita acompañada, según Matu, por el mismo empresario.
Al pie del aviso de la asamblea, la determinación de la comunidad se mantiene firme. Para Baltazar Matu, Isidro Pech y el resto de los ejidatarios de Baca, esta lucha trasciende por completo un contrato de usufructo.
“Si el dinero de la venta fuera significativo, no sería para mí, sino para todos. Con esa idea busco que la asamblea no pase“, afirmó Matu, subrayando el profundo sentido colectivo que guía su acción.
El próximo 11 de enero los campesinos de Baca no sólo votarán por el destino de un pedazo de tierra. Votarán por un modo de vida, por la vigencia de lo comunitario frente al individualismo del capital, y por una verdad que se grita en cada reunión y resume la existencia en ese territorio: “La tierra es nuestra y no nos vamos a ir“.
