Comunidades mayas crean red para frenar la expansión minera en sus territorios

Habitantes de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal y Ticimul, entre otras comunidades mayas, se movilizaron frente al Palacio de Gobierno en Mérida, Yucatán, para reclamar el cese del extractivismo minero en sus territorios. Afectados por las detonaciones con dinamita, la persecución judicial y las prácticas de despojo, las y los pobladores exigen reparaciones integrales y que se respete la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.

Diez comunidades mayas de Mérida y Umán, en el estado de Yucatán, se articularon para conformar la denominada Red de Pueblos contra la Minería. La premisa del grupo es denunciar las graves afectaciones provocadas por la extracción de materiales pétreos en sus respectivos territorios. Los testimonios y documentos oficiales dan cuenta de daños estructurales en las viviendas, problemas de salud respiratoria en infancias, y la degradación del entorno natural y las fuentes de agua debido a las detonaciones constantes y el tráfico intenso de maquinaria pesada.

“Mientras a unos les quitan tierras para megaproyectos, residencias de lujo o para el llamado Tren Maya, a nuestros pueblos nos están dinamitando el territorio. Hoy, por donde se mire, hay bancos de material pétreo. Volquetes entran y salen día y noche. Esta no es una forma digna de vivir”, dijo, ante los medios de comunicación, Saydi Uicab, habitante de Yaxcopoil, municipio de Umán, en el marco de una protesta que se llevó a cabo el 4 de marzo frente al Palacio de Gobierno en Mérida.

En ese contexto, las poblaciones de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc Ac, Cheuman, Petecbiltun y Texán Cámara presentaron el manifiesto colectivo “Basta de minería en nuestro territorio” donde exponen la falta de consentimiento respecto de los proyectos operativos y en construcción. Expusieron que nunca se realizó un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente como exige el derecho nacional e internacional.

“El consentimiento no es un favor ni una formalidad: es un derecho reconocido a los pueblos indígenas que el Estado está obligado a respetar, le guste o no a los empresarios, a los gobiernos, o a los llamados ‘desarrollistas inmobiliarios’. Los impactos son reales y están ocurriendo ahora. No estamos hablando de riesgos hipotéticos: estamos hablando de daños concretos”, leyó Ángel Uicab, integrante de la Red, durante la rueda de prensa.

En el contexto de la movilización, la Red de Pueblos contra la Minería transmitió estas exigencias puntuales:

*Alto inmediato a la autorización de nuevos bancos de material pétreo o minería no metálica en nuestro territorio.
* Reconocimiento oficial de la emergencia socioambiental que hemos declarado junto con otros pueblos de la península.
* Reparación integral del daño, que incluya: atención a la salud física y emocional de la población, reparación de viviendas afectadas y restauración del monte, el aire y el agua.
* Respeto a la autonomía y libre determinación.

Tebec: volquetes invaden los caminos del pueblo

Jorge Cetz, comisario municipal de Tebec, dijo a Jaltun que, aunque las minas existen desde hace más de 15 años junto al pueblo, las labores en esas áreas se intensificaron a partir de la llegada del Tren Maya. Si antes entraban tres volquetes al día, detalló, hoy esa cifra supera los 200.

“Es impresionante escuchar las detonaciones de los bancos y ver el daño que ocasiona a las casas. Tenemos más de 20 casas registradas que han sufrido fisuras en el techo, cimientos, ventanas”, contó.

Tebec es una comunidad rural que está rodeada por tres bancos de materiales de las empresas Materiales Anillo Periférico S.A. de C.V. (Mapsa), Materiales Ku y la planta de Ticimul de Procon. La población trabaja la milpa y el monte, y sus actividades socioeconómicas han sido perjudicadas por el acaparamiento del territorio.

El polvo que dejan los volquetes impacta de la peor forma en la salud de las niñas y niños del pueblo, quienes padecen dolencias pulmonares y enfermedades como el dengue y el Chikungunya por la proliferación de mosquitos. En temporada de lluvia, el polvo se convierte en barro y esas mismas infancias llegan a la escuela enlodadas.

Tampoco hay un manejo adecuado de los residuos de la construcción y el movimiento de camiones, que amenaza la seguridad vial. “Utilizan nuestro pueblo como basurero. Nos hicieron un puente por el Tren Maya que está muy alto y no parece tener condiciones para que camiones pesados crucen ahí. Se quedan atorados los volquetes mientras nosotros transitamos en mototaxis. Vivimos con el temor de que en algún momento ese puente no resista”, afirmó Cetz.

Como otros pueblos de la Red, Tebec interpuso una demanda comunitaria, firmada por 50 vecinos y entregada en noviembre de 2025, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), exigiendo el fin de las afectaciones. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado respuesta a esa acción legal.

Yaxcopoil: estrés, miedo y contaminación para las infancias

Desde el 19 de enero de este año, la comunidad de Yaxcopoil mantiene un plantón en el terreno donde la empresa Caminos y Puentes del Sureste S.A. de C.V., cuyo representante legal es Manolo de Jesús Constantino Caballero, pretende instalar una mina. El banco de materiales en cuestión se ubicaría a sólo 800 metros del pueblo.

La comunidad no supo del megaproyecto, que busca explotar casi 38 hectáreas de suelo cerca de sus casas, hasta que escuchó el ruido de las maquinarias y vio un callejón público cuya vegetación fue talada. Las y los pobladores encontraron máquinas dentro de la zona y decidieron quedarse en el lugar hasta que los responsables de la destrucción se presentaran.

Ha pasado mes y medio desde que la comunidad se posicionó en esa área y, señalan sus integrantes, al día de hoy nadie fue a reclamar por las máquinas ubicadas en el lugar ni a responder a la población —en especial las mujeres—, que continúa con un campamento de vigilancia operativo las 24 horas durante todos los días de la semana.

Una de las preocupaciones de Yaxcopoil es que la dinamita que se utiliza en los bancos de materiales dañe una escuela cercana que tiene estructuras muy antiguas. Al mismo tiempo, temen que la actividad minera contamine el cenote que abastece de agua a la población y la fauna local, además de que ocurra la destrucción de basamentos prehispánicos.

Las y los pobladores de Yaxcopoil denunciaron que solamente el INAH y la Profepa han acudido al pueblo. Y que la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, integrante de Morena, prometió apoyo para resolver el conflicto del banco de materiales pero que en la comunidad sólo se hizo presente para entregar raciones de huevos.

“Es una burla, una vergüenza. Subió un reel diciendo que iba a Yaxcopoil para apoyarnos con el tema del banco, cuando llegó las personas estaban esperándola. Nunca mencionó nada del problema y entregó huevos, que para ella eran de oro”, señalaron.

Xcucul Sur: persecución judicial a la comunidad maya

“Hemos sido demandadas. Y también amenazadas e insultadas solo por oponernos a que sigan explotando (dinamita) a 40 metros de distancia de nuestras casas. Nosotros no tenemos la manera de responder a los empresarios, pero sabemos defendernos y estamos aquí para exigir el cierre definitivo de los bancos de materiales”, comentó Gumersinda, una de pobladora de Xcucul Sur. Su familia ha sido acosada y criminalizada por la empresa Banco Zamudio que, precisamente, administra uno de los bancos de materiales cercanos a la comunidad.

En 2025, las y los vecinos consiguieron una suspensión provisional y la clausura de la mina por parte de la Profepa. Sin embargo, sigue habiendo movimiento en el terreno. Además, una juez desechó el amparo y negó la suspensión definitiva. Acompañada en lo legal por la organización Utsil Cuxtal, la población ya interpuso un recurso de revisión.

Respuesta de las autoridades a los reclamos mayas

Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Utsil Cuxtal —que también asesora jurídicamente a la Red de Pueblos contra la Minería—, aclaró que todos los pueblos que integran ese colectivo han presentado recursos legales ante autoridades administrativas y judiciales, pero que en la mayoría de los casos no recibieron respuestas por parte del estado.

“No han respondido a la exigencia de los pueblos que reclaman graves violaciones a sus derechos humanos con motivo de la minería a cielo abierto. Estamos indignados por cómo las autoridades estatales están al servicio de las empresas con una postura de absoluto racismo y discriminación a los pueblos”, expresó, también en el contexto de la rueda de prensa.

Mendiburu remarcó que Utsil Cuxtal acompañará a los pueblos hasta las últimas instancias y presentará todos los recursos nacionales e internacionales necesarios hasta que la minería a cielo abierto que afecta a las comunidades se detenga.

Añadió que los bancos operan de forma articulada con las obras ligadas al Tren Maya y las empresas inmobiliarias, además de que son posibles por la corrupción en materia agraria que ejecuta mecanismos de despojo para privatizar el territorio.

“No son solamente las minas. Son las granjas de cerdos, los monocultivos, los agrotóxicos. Los primeros afectados son los pueblos mayas pues (estas actividades y empresas) afectan la vida, la libre determinación, el territorio, los ecosistemas y las viviendas”, agregó.

Concluida la rueda de prensa del 4 de marzo, una comisión de 11 personas en representación de las comunidades afectadas se reunió con Diego Uh Be, director de Fomento y Desarrollo Político del Gobierno del Estado de Yucatán, para exponer detalles del impacto negativo que generan los bancos de materiales.

Propusieron a las autoridades formular un canal de comunicación para que quienes integran la Red compartan con el gobierno información acerca de los daños que provoca la minería en los pueblos cercanos a Mérida. Y generar mesas interinstitucionales con autoridades municipales, estatales y federales, para buscar soluciones al problema socioambiental que provocan los bancos de materiales.

“Solicitamos que esas mesas trabajen sobre nuestros casos, los de todos los pueblos que se están manifestando. Es una situación que se ha salido de las manos de las autoridades y nos está afectando a todos”, expresaron representantes de la Red.