Chocholá se moviliza para cerrar otra megagranja que afecta al Anillo de Cenotes

Integrada a la red “To’one Ja’o’on” (Somos Agua) de pueblos que, en Yucatán, padecen las peores consecuencias de la industria porcícola, la comunidad de Chocholá acumula pruebas que confirman el daño ambiental que producen las factorías Gary 5 y 6, cercanas a esa población. Profepa viene de aplicar una suspensión a esas instalaciones, que reúnen a más de 12 mil cerdos, pero sus dueños podrían librar la pena pagando una multa. El impacto de la factoría y quién es el poderoso clan detrás de las megagranjas Gary.

La suspensión establecida por organismos federales a la megagranja de cerdos que la familia Gary Buenfil y Valle explota en Chocholá, distante 40 kilómetros de Mérida, la capital de Yucatán, actualiza la lucha que las comunidades mayas del estado promueven para frenar el desastre socioambiental que provoca la porcicultura intensiva. Hace escasos días, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció un parate en las instalaciones Gary 5 y 6, en lo que representó una primera intervención para constatar de qué forma opera esa fábrica de cerdos y cómo gestiona sus residuos. Los Gary Buenfil y Valle actúan como aparceros de Kekén, la compañía del Grupo KUO que monopoliza la producción de carne porcina en el sur sureste de México. En Chocholá controlan 12 naves donde concentran a más de 12 mil cerdos.

A los fines administrativos, el clan estableció dos identidades diferentes para la instalación —de ahí lo de Gary 5 y Gary 6— pero lo cierto es que los galpones —como muestran las imágenes aéreas que tomó Jaltun— comparten terreno, funcionan interconectados, son atendidos por los mismos empleados, y almacenan y consumen insumos en común.

Si bien en el seno de las organizaciones mayas que defienden el territorio se reconoce que la medida de Profepa ostentaría un alcance temporal, la suspensión es observada como una posibilidad concreta para exponer el drama sanitario que atraviesa Chocholá y dar cuenta de años de pericias y monitoreos que muestran que el agua, el aire y el suelo del pueblo indígena se encuentran fuertemente contaminados por el negocio de los Gary Buenfil y Valle.

La situación en Chocholá, un pueblo que suma alrededor de 6 mil habitantes, comenzó a ganar mayor visibilidad a partir de la creación de la red “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), un colectivo conformado en 2024 y que reúne a vecinas y vecinos de pueblos distribuidos en municipios como la comunidad mencionada y los distritos de Cantamayec, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Teabo y Tetiz. 

En septiembre del año pasado, y con el acompañamiento legal de la organización Utsil Kuxtal, la red en cuestión presentó una denuncia popular y ciudadana ante las autoridades ambientales federales donde, entre otros aspectos, se exigió la puesta en marcha de acciones para la reparación del daño ecosistémico y que se investigue la responsabilidad penal de los dueños de las factorías de cerdos.

En línea con esa posición, “To’one Ja’o’on” efectuó múltiples mediciones en Chocholá con el fin de, en principio, medir el impacto en el agua de esa comunidad provocado por las megagranjas Gary. Los resultados, contundentes y graves por donde se los mire, muestran ahora otra relevancia a partir de la decisión de Profepa de suspender parcialmente el complejo de explotación de cerdos. 

Los integrantes del colectivo, así como sus representantes legales, esperan que el organismo federal tome en cuenta la contaminación expuesta en las pericias efectuadas por la red y sus aliados de la sociedad civil para, a más tardar en un mediano plazo, se comience a evaluar el cierre de la factoría.

Megagranjas Gary en Chocholá: las pruebas de la contaminación

“La suspensión tiene su origen en que los propietarios de Gary 5 y 6 no permitieron que Profepa ingrese al predio a hacer una inspección. Y todo indica que una vez que oculten lo que no quieren que se vea, bueno, de seguro habilitarán el ingreso de los inspectores y ahí el organismo levantaría la suspensión”, comentó a Jaltun un integrante del colectivo. 

“Esperamos que este proceso despierte en las autoridades la voluntad para tomar en cuenta las pruebas que se han reunido de la contaminación que sufrimos. Y que en lugar de poner pausas temporales se haga una mayor intervención para que la empresa ya no opere aquí”, agregó.

Un comunicado acercado desde “To’one Ja’o’on” señala que el procedimiento de Profepa ocurrió “bajo la sospecha de que la granja podría estar generando contaminación ambiental, particularmente en el acuífero y en la calidad del aire del municipio”.

El texto añade que, ya en los últimos meses, habitantes de Chocholá realizaron análisis de laboratorio del agua subterránea, cuyos resultados arrojaron altas concentraciones de bacterias coliformes, esto es, microorganismos asociados a contaminación fecal y capaces de provocar diversas enfermedades. 

Ligado a esto, Jaltun accedió a los resultados de monitoreos realizados por la red de comunidades mayas, donde se expone que las pruebas realizadas a pozos y fuentes de agua, tanto en el pueblo de Chocholá como en sus alrededores y en torno a la misma megagranja, dieron positivo a presencia de coliformes. 

En paralelo, el muestreo efectuado por “To’one Ja’o’on” resultó analizado por la estadounidense John Hopkins University, donde se confirmó que la materia fecal que contamina el agua, tanto de Chocholá como de otras comunidades afectadas por megagranjas y que también integran el colectivo, es de origen porcino. Ese detalle arroja por la borda las versiones en torno a una probable afectación del agua provocada por otras fuentes que suelen difundir Kekén y sus socios.

El agua de Chocholá, afectada por la porcícola

“No hay dudas de que la megagranja afecta el agua de Chocholá. Durante dos años hemos estado haciendo monitoreos en diferentes puntos. Se han hecho pruebas en pozos dentro del pueblo, en un rancho junto a un puente cercano a la comunidad, y ya frente a la porcícola. Todos los casos dieron positivos de coliformes de cerdos”, comentó, en diálogo con Jaltun, otro integrante de la red.

Referentes de organizaciones aliadas a “To’one Ja’o’on” aportaron más detalles de la operatoria de las naves de Gary, que se ubican a poco más de 1 kilómetro de la primera calle de la comunidad maya. 

“Lo particular es que los dueños lograron que Profepa sólo les suspenda una de las dos entradas a la instalación. Ellos dicen que administrativamente son dos granjas diferentes y que no tienen conexión. Es insólito, cuando a simple vista uno nota que comparten el mismo terreno. Prefieren tener que afrontar la multa que se les imponga por no dejar entrar a los inspectores antes que se sepa qué es lo que están haciendo ahí dentro que, se sospecha, infringe las leyes”, dijeron a Jaltun.

“Se espera que esa granja sea cerrada. Diagnósticos participativos han sido claros en señalar que es imposible que semejante cantidad de cerdos no contamine. En general, las empresas deberían reducir el número de animales y a la par aumentar la capacidad de sus biodigestores para que el agua que liberan arroje resultados aceptables. Pero ninguna empresa hará ese cambio, lo sabemos”, agregaron. 

Gary funciona como aparcera de Kekén

Fuentes cercanas a la comunidad precisaron que las megagranjas Gary 5 y 6 son instalaciones donde se engordan crías de cerdos por el lapso de 100 días. Luego, los animales son trasladados para su posterior procesamiento a la planta que, dedicada a esas tareas, Kekén posee en Umán. En dicha empacadora la compañía de Grupo KUO mata a razón de 6 mil ejemplares porcinos a diario.

“Para efectos administrativos, la granja está dividida en dos (Gary 5 y 6). Pero en la práctica son contiguas, están conectadas físicamente e intercambian insumos y trabajadores. (Cuenta con) cuatro lagunas de oxidación y ese sistema se implementó después del 2015” se indicó.

“El alimento se trae en tolvas de la empresa Pegaso, que cruzan el poblado de Chocholá para llegar a la granja. Los cerdos se mueven a través de la calle 13, en la orilla del poblado de Chocholá, principalmente de noche o en la madrugada. Hay aproximadamente 10 personas trabajando en la granja (5 personas por módulo). Y no todos son originarios de Chocholá”, completaron las voces consultadas.

Por otra parte, existe otro aspecto que eleva la gravedad del desastre que promueve la porcícola de los Gary Buenfil y Valle: Chocholá es parte de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Dicho espacio integra la categoría de los sitios RAMSAR más valiosos de México en tanto constituye la principal reserva de agua dulce de la península. 

Respecto de esa condición, Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, explicó a Jaltun en entrevistas anteriores que “el status de RAMSAR implica que debe aplicarse una protección especial a las áreas, es una declaración internacional y fija que en esos sitios la vulneración del ecosistema sólo puede ocurrir de forma excepcional”.

Quiénes son los dueños de la megagranja de Chocholá

Aparceros de Kekén, los dueños de la megagranja que opera en Chocholá son actores de peso en el negocio de la porcicultura en la península de Yucatán. Las factorías de cerdos Gary 5 y Gary 6 pertenecen a un grupo familiar liderado por Mauro Arturo Gary Buenfil hasta su muerte, ocurrida a fines de marzo de 2023.

La estructura de megagranjas de Gary Buenfil inició con las instalaciones 1, 2, 3 y 4 en el estado de Campeche y luego se extendió hacia Yucatán. Además de Chocholá, el grupo opera instalaciones en cercanías de las comunidades de Kanachén y Calcehtok. 

El negocio de Gary Buenfil resultó heredado por su dos hijos, Arturo y Ricardo Gary Valle. 

El primero es el que ostenta un perfil comercial más elevado: además de presencia en la porcicultura industrial se encuentra al frente de FOGYSA —Forrajes y Granos Agropecuarios de Yucatán SA de CV—, firma con amplia presencia comercial y orientada a la venta de fármacos, alimentos, y suplementos nutricionales para ganado bovino, porcino, ovino, equino, pollos y pavos. La compañía cuenta con una división dedicada a la venta de maquinaria agrícola.

Al igual que las megagranjas de la familia, FOGYSA también debe su fundación a Mauro Arturo Gary Buenfil. Por estos días, la compañía en cuestión suma casi una decena de sucursales y oficinas comerciales distribuidas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Cabeza visible del también familiar Grupo Ganadero Garys, Arturo Gary Valle además es propietario del rancho “Garrido”, en el municipio de Muna, donde se lo reconoce como un fuerte criador de las razas de reses brahman y suizo europea. 

Al peso económico y político de estos clanes y apellidos se contrapone ahora la decisión férrea de una comunidad indígena que reafirma su posición en defensa del agua y la vida en el territorio que habita. Con pruebas, experiencias y derechos que las autoridades en todos los niveles de gobierno —y el mismo aparato judicial— deben respaldar y hacer respetar. 

El contexto parece propicio para la lucha: aunque transitoria, la factoría de Kekén en Sitilpech viene de recibir una suspensión inédita de sus actividades mientras que la porcícola San Gerardo debe dejar de operar su instalación en Santa María Chi a más tardar el último día de abril próximo. 

En el caso de Chocholá, y dada la contundencia de las pruebas científicas y legales acumuladas, resta saber de qué lado se pararán en las próximas semanas quienes deciden la realidad y el devenir socioambiental del estado. Esto es, si se alinearán con el pueblo que defiende el cuidado y la continuidad de la vida o, como en tantas otras ocasiones, se ubicarán en la banqueta de aquellos que quieren seguir haciendo de los territorios indígenas en la península de Yucatán una zona sacrificio.