Bachoco y Crío hacen del territorio maya su vertedero de excrementos y residuos

En los últimos meses las avícolas multiplicaron los sitios en zonas selváticas donde descargan de forma ilegal las excretas que generan sus megagranjas. Sólo en cercanías de Kinchil, en el poniente de Yucatán, proliferan al menos 8 tiraderos clandestinos. Colectivos vecinales y habitantes de la zona denuncian complicidad de gobiernos, comisarios ejidales y organismos de control. La cercanía de Bachoco y Crío con los poderes políticos de turno. Mapa con tiraderos detectados.

Favorecidas por una exposición social y mediática que sigue por debajo del nivel de señalamientos y procesos legales en contra de las porcícolas, las compañías avícolas continúan haciendo del poniente de Yucatán su espacio predilecto en términos de contaminación agravada del ambiente, depredación de los ecosistemas y desprecio absoluto por la naturaleza. Con Bachoco y Crío como estandartes del desastre, y bajo la más absoluta impunidad, las productoras intensivas de carne de pollo y huevos suman meses regando el territorio maya con toneladas y toneladas de excrementos y líquidos provenientes de sus megagranjas. Sólo en cercanías de Kinchil, a poco más de media hora de Mérida, proliferan al menos 8 tiraderos ilegales que perjudican al monte, la vida silvestre, las fuentes de agua potable y, por supuesto, las actividades económicas que, de forma ancestral, llevan a cabo cientos de familias mayas.

Las denuncias formalizadas por colectivos vecinales y organizaciones indígenas llegan a 6 en el último año, pero hasta el momento las autoridades estatales y federales apenas si llevaron a cabo la clausura temporal de uno solo de los predios donde se han detectado vertidos ilegales.

Las andanzas contaminantes de Crío fueron expuestas por Jaltun en un artículo publicado a fines de abril de este año. En ese momento, se informó que la avícola descartaba excretas en un terreno privado que, cercano a una megagranja de su propiedad que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma definitiva en junio de 2024, fue señalado mediante denuncias respaldadas por la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on, un colectivo peninsular conformado por organizaciones comunitarias de apicultores.

No sólo las instalaciones industriales en cuestión siguen operando: la empresa continúa tirando excrementos en el mismo predio, situado a poco más de 7 kilómetros de Kinchil, y aparte desmontó otra área lindera a su megagranja, de unas 6 hectáreas, donde también arroja desperdicios sin ningún tipo de control. En una recorrida por el territorio, Jaltun constató la presencia de esas dos zonas depredadas por Crío para su uso como cementerio de residuos.

Bachoco, la otra gran dueña del negocio avícola en la península de Yucatán, es quien lidera con comodidad la nómina del desastre en el poniente de la entidad. En recorridas con habitantes de Kinchil de las que Jaltun tomó parte a lo largo del año, se ubicaron 6 terrenos de entre 4 y 6 hectáreas distribuidos en diversas áreas de selva donde la empresa descarta excrementos a cielo abierto. 

Hasta enero de 2025, las y los vecinos daban cuenta de la presencia de sólo tres terrenos cubiertos con residuos de pollos y gallinas. Ligado a eso, afirmaron que, si bien las denuncias alertando sobre esos vertederos se multiplicaron sobre todo en los últimos tres años, Profepa clausuró apenas uno de los predios utilizados por Bachoco. El número de espacios utilizados como tiraderos se aceleró a partir de la segunda mitad de este año.

Las fuentes consultadas también mencionaron la “complicidad del comisario ejidal y las autoridades municipales de Kinchil” como otro factor que incide a favor del desastre que llevan a cabo las avícolas.

“Se han presentado evidencias y quejas tanto de manera colectiva como particular sobre estos basureros clandestinos, pero no se ha generado una sola solución al problema”, aseguró a Jaltun uno de los habitantes de Kinchil que presentó denuncias contra el accionar de las avícolas.

“Bachoco y Crío ya tienen al menos 6 denuncias en su contra. Hay toda una situación con los representantes de Profepa en Yucatán, que en más de un caso han visitado los terrenos donde se vuelcan los excrementos y no han tomado ninguna medida para frenar la contaminación. No hay dudas de que los funcionarios locales del organismo están dejando que las avícolas lleven a cabo este desastre”, añadió.

La representación local de Profepa, en el ojo de los cuestionamientos

En ese sentido, el primer apuntado es José Alberto González Medina, al frente de la Profepa en el estado de Yucatán desde hace años. El funcionario en discusión acumula un amplio derrotero de cuestionamientos. 

Un ejemplo en ese sentido: en julio de 2023 se lo señaló como partícipe directo del dictamen del organismo que liberó de toda responsabilidad a la empresa Grimaldi Lines, dueña del buque mercante Gran Senegal que ese mes encalló cerca de las costas de Sisal dañando gravemente el arrecife de corales “Madagascar”, un espacio natural protegido.

La medida contradijo el testimonio de los pescadores de esa comunidad maya portuaria, quienes dieron cuenta de al menos 90 metros de corales destruidos por el casco de la embarcación. 

La decisión de Profepa tuvo como respuesta la movilización de más de 100 pescadores de las comunidades de Sisal, Hunucmá y Tetiz, quienes en agosto de ese mismo año se concentraron frente a las puertas del Palacio de Gobierno estatal, en Mérida, exigiendo indemnizaciones tanto por los daños a las especies de pesca y al ecosistema generados por el Gran Senegal durante su encallamiento como, también, por las maniobras posteriores que se realizaron para su reflotamiento. 

Al día de hoy, los pescadores de Sisal siguen reclamando un resarcimiento por el daño ambiental que sufrió “Madagascar” y aquellas especies de las que depende su actividad económica. En mayo de 2024, representantes de esa comunidad afirmaron que, con intermediación de Profepa Yucatán, el gobierno federal obtuvo 12 millones de dólares de Grimaldi Lines por el desastre en la barrera de corales, pero que ni un solo dólar (o peso) de ese monto fue girado en dirección a Sisal.

Ya en junio de este año, José Alberto González Medina volvió a aparecer ligado a esa comunidad también de la peor forma: vecinas y vecinos expusieron de forma pública al funcionario, a quien acusaron de presuntamente evitar todo tipo de intervención ante sucesivas denuncias de rellenos ilegales con arena y escombros. Las zonas afectadas, se indicó, pertenecen a la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán.

En una controversia que incluso llegó a periódicos de alcance nacional, pobladores de ese pueblo dieron cuenta del uso de maquinaria pesada y volquetes para la extracción ilegal de arena en la zona del canal del refugio pesquero.

Esto último, con el fin de comercializar ese material —incluso trascendió que cada volquete de arena cotizaba a razón de 400 pesos— a las compañías que proliferan proyectos inmobiliarios en las principales áreas de playa de Yucatán. También se notificaron rellenos ilegales de humedales protegidos siempre con la mira expuesta en ampliar aún más el negocio depredador del “real estate”.

Además de González Medina, Cristina Pérez, actual presidenta municipal de Hunucmá, el distrito al que pertenece Sisal, y Jesús Arcadio Lizárraga Véliz, subdelegado de Recursos Naturales de la misma Profepa, aparecieron entre los personajes señalados por la población local como los grandes responsables de la depredación reciente que ocurre en el puerto maya.

Bachoco y Crío, cercanas al gobierno de Yucatán

Un aspecto clave que también explica la impunidad con que las avícolas cometen estos atropellos ambientales está en la cercanía que tanto Bachoco como Crío muestran con los gobiernos de Yucatán. Donaciones, convenios de empleo, becas —varias de ellas concertadas con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)— y programas de formación profesional, son las aristas más visibles de la estratagema a la que apela Bachoco para garantizarse el blindaje político dentro del estado.

Una muestra reciente, informada de forma oficial a fines de septiembre: “El Gobernador Joaquín Díaz Mena y el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) Yucatán entregan mobiliario y equipos para garantizar acceso a alimentos nutritivos y seguros en 52 espacios de 30 municipios del estado. En presencia de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, el mandatario resaltó que, gracias al esfuerzo conjunto del DIF y la empresa Bachoco, se pudo equipar 52 espacios en 30 municipios del estado”.

Otro ejemplo, ya de noviembre de 2024: “El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, encabezado por la maestra Wendy Méndez Naal, en conjunto con Grupo Bachoco, suman esfuerzos para combatir la pobreza alimentaria a través del Medio Maratón Bachoco 2024, en el cual se donará a comedores escolares y comunitarios de la dependencia estatal más de un kilo de pollo por cada corredor”.

Originaria de Sonora, Bachoco desembarcó en Yucatán a principios de los 2000 y desde entonces ha desplegado tácticas de asistencialismo y mecenazgo alineadas con cada gobierno de turno. 

Un detalle no menor está en que su arribo a la Península ocurrió previa compra de la división avícola de Kekén, compañía del grupo KUO que monopoliza la producción de carne de cerdo en el sureste mexicano y es fuente constante de depredación ambiental. El diálogo entre ambas compañías es tan fluido como histórico.

Junto con Crío, Bachoco controla el 60 por ciento del mercado mexicano de comercialización de pollos. Sólo en el estado de Yucatán la empresa reconoce más de 90 granjas operativas –entre medianas y grandes– distribuidas en 28 municipios.

Su capacidad para incidir en las decisiones políticas y jurídicas que se toman en la Península sin duda es inseparable del poder económico que ostenta la empresa: Bachoco –bajo control accionario de la familia Robinson Bours– cerró el primer semestre de 2025 con ventas netas por más de 51 mil 700 millones de pesos. Los ingresos también netos reconocidos por la firma para el mismo lapso superaron los 4 mil 875 millones de pesos. 

Crío, en cambio, es una empresa yucateca que opera desde principios de la década de los 60 y bajo propiedad de la familia Fernández. Con actividades comerciales extendidas hacia Tabasco, Veracruz y Chiapas, la firma reconoce 13 mega granjas propias de crianza de pollos y producción de huevos, una planta procesadora de carne, otra de alimentos y al menos 14 centros de distribución.

La compañía en cuestión también ha desarrollado una extensa red de vínculos con representantes u organismos ligados a los gobiernos de turno en Yucatán. A principios de este año, por ejemplo, Ermilo Barrera, actual Secretario de Economía y Trabajo del estado, dio cuenta de reuniones con Adán Fernández Flores, director general de Crío, en su espacio en la red social X. 

“Escuchamos sus buenas prácticas y reafirmamos nuestro compromiso de ser facilitadores del crecimiento del sector agroindustrial, como nos ha instruido el Gobernador @huachodiazmena. ¡Sigamos impulsando el desarrollo en cada rincón de Yucatán!”, publicó, sin escatimar euforia y adulación.

Crío también mantuvo relaciones estrechas con gestiones estatales anteriores vía su participación en el Consejo Agroalimentario de Yucatán y el diálogo directo con la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), sobre todo en tiempos de Mauricio Vila al frente de la gobernación yucateca. A nivel popular, la avícola ha sabido hacerse de buena reputación a partir de un patrocinio casi permanente del equipo de béisbol Leones de Yucatán.

Los tiraderos y una afectación dramática para las comunidades

Las y los habitantes de Kinchil y sus comunidades cercanas no escatiman detalles al momento de exponer las afectaciones derivadas de los tiraderos de excrementos de Crío y Bachoco. 

“Es usual cruzarse en la carretera con esos volquetes cargados con los excrementos. Los camiones van chorreando y manchando el camino con lo que brota de esos residuos. Pero lo más grave ocurre con el agua y el aire de la zona, que se han contaminado de un modo grave y con afectaciones para quienes hacen la milpa o tienen sus apiarios en cercanías”, comentó a Jaltun un apicultor consultado.

En línea con esto, uno de los integrantes de la alianza Kaabnalo’on, también con colmenas en la zona, aseguró hace escasos meses que “el agua tiene un olor imposible, huele a las excretas de los pollos”, y que las toneladas de residuos descargadas por Bachoco en particular “afectan los cauces a todo su alrededor” por lo que “el agua contaminada nos llega directo a quienes tenemos abejas o criamos ganado”.

“En cuanto al aire, el hedor es insoportable sobre todo cuando hay viento. Y después está el tema de las moscas, que lo invaden todo. Las moscas buscan meterse en nuestras colmenas y eso termina siendo fatal para las abejas, además de que transmiten enfermedades”, afirmó.

Para luego añadir: “La deforestación que han hecho también afecta gravemente la producción de miel. Sacaron árboles de especies como el dzizilché, el jabín, el palo de tinte, que son muy importantes para las abejas. Además, para mantener toda esa superficie sin vegetación Bachoco ha tirado plaguicidas que matan a las mismas abejas”.

Otro vecino de Kinchil dio más detalles: precisó que los volquetes donde se acumulan los excrementos que luego son dispersados por trailers en el monte pertenecen a la firma Biosoluciones y Ciencia México. 

Dicha empresa declara base operativa en Mérida y es dirigida por Dairom Blanco, un veterinario cubano formado en la Universidad Agraria de La Habana. La cúpula de la firma, indicaron fuentes en Kinchil, mantiene una relación por demás cercana con ejecutivos de la industria avícola como Ernesto Juárez Zapatero, por estos días gerente de producción de Bachoco.

En su sitio institucional Biosoluciones y Ciencia México declara como misión primordial “desarrollar e implementar soluciones biotecnológicas innovadoras y sostenibles que optimicen procesos, mejoren la productividad y generen valor para nuestros clientes y el medio ambiente”. Claramente, todo lo contrario a lo que desarrolla en la práctica con su vertido masificado de excrementos en cuanta selva se ubique cerca de una megagranja avícola.

“Sobre todo Bachoco ha ofrecido a quienes hacen cultivos cerca de Kinchil esos residuos como abono. Pero ocultando que, por la alta carga de amoníaco, esa gallinaza quema la tierra y mata a los árboles y la mayoría de las plantas. Ofrece eso siempre con el objetivo de acallar las quejas y las denuncias en contra de la empresa. Las descargas de esos residuos están devastando el monte y la fertilidad de los terrenos”, enfatizó un campesino de la zona.

Aseguró que, en varios lotes monitoreados por la comunidad, las avícolas llegan a descargar hasta 8 volquetes diarios cargados con al menos 10 toneladas de excrementos por unidad. 

“Para la fauna todo esto también ha sido un desastre: los venados y otras especies modificaron su dieta natural y ya casi no se encuentran en los lugares de siempre. Lo mismo pasa con muchas aves. En cambio, ahora hay una invasión de zopilotes y otros pájaros carroñeros que incluso pueden ser portadores de enfermedades. No hay que olvidarse que hemos tenido brotes recientes de gripe aviar, por ejemplo”, concluyó. 

En otro año marcado por la impunidad, las avícolas con operaciones en Yucatán llegan a diciembre sin ningún tipo de freno a la contaminación que promueven en el territorio maya peninsular. Por el contrario, siguen expandiendo lo peor de su modelo industrial a partir de un respaldo político que, en desmedro de derechos fundamentales, deja en manos de Crío y Bachoco, y la desidia que las caracteriza, el destino de ecosistemas y medios de vida clave para la subsistencia de las comunidades indígenas.